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La tortura y sus secuelas afectan la vida de miles de personas en diversos países del mundo; y para hacer más visible el problema y obligar a que los países se comprometan a erradicarlo la ONU instituyó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
La Real Academia Española define a la tortura como el daño físico o psicológico que se le causa a una persona como castigo o método de confesión. El derecho internacional la considera un crimen absolutamente prohibido e injustificable.
En su resolución 52/149, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la tortura es un "acto aborrecible" que destruye la personalidad y dignidad del ser humano. "La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad", estableció.
Dicha resolución busca la efectiva aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
La convención pretende impedir de manera absoluta el uso de cualquier tipo de tortura por parte de los Estados que la signaron, sin importar excusas o situaciones extraordinarias como la guerra o cualquier otra emergencia.
Asimismo con el fin de centrar la atención en esta problemática, en 1997 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
México no está exento de este problema. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los casos de tortura aumentaron 500 por ciento entre los años 2005 y 2012, y diversos organismos internacionales han cuestionado al gobierno mexicano por incumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.
Ante el reclamo de organizaciones de la sociedad civil y los señalamientos internacionales, México ha modificado diversas leyes para tratar de erradicar el problema. En junio de 2011 se reconoció la validez constitucional de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.
Desde abril de 2012 se ampliaron las facultades investigadoras de la CNDH y se le dio la posibilidad de llamar a comparecer ante el Senado o la Comisión Permanente a los funcionarios que desacaten sus recomendaciones.
Lo más reciente: el Senado de la República aprobó en abril pasado endurecer las penas contra quien cometa tortura y contra los servidores públicos que sean omisos y no denuncien estos delitos.
También recientemente se reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que la CNDH tenga la facultad de inspeccionar los centros penitenciarios, señalados como los sitios donde más frecuentemente se cometen violaciones a los derechos humanos.
En su mensaje con motivo de esta conmemoración, Ban Ki-moon exhortó a los Estados miembros de la ONU a que intensifiquen los esfuerzos para ayudar a quienes han sufrido torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
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