Política

Borrador predictamen reforma energética incluye contratos de utilidad

01 febrero 2014 7:3 Última actualización 07 diciembre 2013 10:49

 ["Dejamos que fuera multifuncional. Va a ser utilidad compartida, riesgo compartido y licencias",  dice legislador. / Cuartoscuro] 


 
Reuters
 
México.- Un grupo clave de senadores de las dos principales fuerzas políticas en México alcanzó un principio de acuerdo sobre el contenido de una controversial iniciativa energética que incluye opciones como licencias, contratos de utilidad compartida y de riesgo compartido, dijeron este sábado legisladores.
 
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, ha estado discutiendo con el conservador Partido Acción Nacional (PAN) sobre los detalles de la reforma, considerada clave por el Gobierno para apuntalar la producción de hidrocarburos y dar nuevos bríos a la segunda economía de América Latina.
 
"Hay predictamen", dijo uno de los legisladores que estuvo involucrado en las negociaciones.
 
"Dejamos que fuera multifuncional. Va a ser utilidad compartida, riesgo compartido y licencias", dijo el consultado sobre el tipo de modelos de contratos que se acordaron para atraer inversiones privadas al sector de petróleo y gas.
 
El senador del PRI y coordinador de la comisión de Energía del Senado, David Penchyna, aseguró que en la reforma se mantienen el control y el dominio del Estado sobre los hidrocarburos, pero que se permite a los inversionistas privados participar en toda la cadena productiva.
 
"Van a poder invertir en toda la cadena. México no podía quedar atrás, mucho menos siendo un país muy grande (...) y a partir de esa reforma aprovecherá mejor sus recursos, no tengo duda de ello", dijo.
 
El legislador dijo que consideraba que la iniciativa podrá ser aprobada durante la semana próxima, la última del período ordinario del Congreso.
 
No obstante, el camino por transitar para que se concrete la reforma -que contiene cambios Constitucionales- aún es largo, ya que primero debe ser sometida a la aprobación de Congreso nacional y luego a los 31 regionales.
 
Además, los partidos de izquierda se oponen a la propuesta del PRI y el PAN por considerar que es privatizadora y que terminará por ceder la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos a las grandes empresas trasnacionales en perjuicio de los mexicanos, algo que el Gobierno ha rechazado.
 
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