Luego de seis horas de debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y por mayoría el último paquete de dictámenes de las leyes secundarias en materia energética, que establece la conversión en deuda pública de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los ordenamientos que comprenden la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Deuda Pública, fueron avaladas con 90 votos a favor de la alianza legislativa PRI-PAN-PVEM-Nueva Alianza.
El bloque parlamentario PRD-PT emitió 27 sufragios en contra y enlistó alrededor de 40 reservas para su discusión en lo particular.
Sin la presencia del líder de los trabajadores petroleros, el priista Carlos Romero Deschamps, en el pleno del recinto legislativo de Paseo de la Reforma e Insurgentes, los senadores priistas, panistas y "verdes" también aprobaron en sus términos el texto aprobado en la Cámara de Diputados, el cual establece:
"El gobierno federal podrá asumir una porción de obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores activos de Pemex y organismos subsidiarios (…) siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y sus organismos subsidiarios y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios".
Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Francisco Yunes Zorrilla, señaló que con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se busca introducir las normas relativas a los diferentes destinos que se dará de los recursos que formen parte del Fondo Mexicano del Petróleo.
Esto, añadió, "debido a su estrecha relación con el proceso presupuestario federal y su impacto directo en la planeación y el manejo sano de las finanzas públicas".
En cuanto a la Ley General de Deuda Pública, el priista veracruzano indicó que la minuta incorpora que aquellas obligaciones que contraigan las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituirán deuda pública.
En cambio, la senadora del PRD Dolores Padierna Luna advirtió que el claro objetivo de estos ordenamientos es "destruir a Pemex".
Cuestionó que la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo establece que el gobierno debe recibir un monto mínimo de 4.7 por ciento del PIB, pero "si los recursos del Fondo son insuficientes, el gobierno podrá disponer de todo el restante que quede después de pagar los contratos y asignaciones".
Y lamentó: "Sólo cuando la reserva del Fondo exceda del tres por ciento del PIB, únicamente el 60 por ciento de ese excedente se usará para lo más importante que tiene un país petrolero: su gente. Las migajas van para la gente, la ciencia, la tecnología y la educación".
En su oportunidad, el senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury aseveró que estos proyectos de decreto "establecen equilibrios que garantiza mayores recursos tanto para la nación como para los estados y municipios".
Además, opinó que se brinda una solución tripartita para que Petróleos Mexicanos pueda competir.
El panista mencionó que, para ello, "la empresa productiva del Estado deberá entrar a un proceso de negociación con sus trabajadores en activo para ajustar sus condiciones laborales de la mejor manera posible, además de modificar el esquema de contrataciones para que sus nuevos empleados tengan cuentas individuales de ahorro para el retiro".
Mientras tanto, abundó, "el Estado podrá asumir la parte proporcional de la deuda, conforme al esfuerzo que se haga por parte de esas dos partes".