Opinión

Zedillo y el Estado de derecho

Parece una burla que el expresidente Zedillo demande fortalecer el Estado de derecho, pues fue él, su gobierno, el que más lo deterioró en los últimos sexenios.

No es que de pronto Peña Nieto haya decidido tener un Estado de derecho frágil, sino que en buena medida éste y los dos sexenios anteriores han cargado con una legalidad debilitada principalmente por Zedillo.

Su gobierno enterró el cadáver de una persona en el jardín de Raúl Salinas para hacer creer que era el exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha.

Fue su gobierno el que contrató a una “vidente”, La Paca, para dar con un prófugo o fallecido. Ella desenterró la osamenta de su concuño para enterrarla en el patio de la casa del acusado, y el gobierno le pagó por ello.

Eso ocurrió con Ernesto Zedillo, el mismo que ahora se dice asombrado por la falta de Estado de derecho en México.

Al principal testigo en el caso Ruiz Massieu, le pagaron 500 mil dólares, con recursos del erario público, para que cambiara sus declaraciones ministeriales y acusara a quien el Presidente aborrecía.

En Acteal hubo casi medio centenar de indígenas, entre mujeres, niños y ancianos, asesinados por un grupo de personas que habían sido armados y entrenados por el gobierno federal.

La masacre de Acteal pudo evitarse si el gobierno no hubiera formado a grupos de campesinos e indígenas para combatir con las armas a los integrantes del EZLN en sus disputas territoriales o ideológicas.

El gobierno de Zedillo pagó testigos para incriminar a personas inocentes en el caso Colosio.

A Othón Cortés el gobierno de Zedillo lo torturó hasta hacerle perder un oído y lo encerró en la cárcel de Almoloya por ser “el segundo tirador” en contra de Colosio, lo que fue una fabricación.

Un juez con valor liberó a Othón Cortés, y ese juez, que recibió presiones para condenar a un inocente y no se prestó al juego macabro, fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia.

A Marcos lo quiso matar a la mala, con un acto de traición, pues lo convocaba a un diálogo, y para ello engañó hasta a su propio secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, quien ha relatado con detalles ese vergonzoso episodio.

Permitió que la UNAM estuviera tomada por más de 11 meses, a pesar de haber cumplido todas las exigencias del CGH. Fueron miles de estudiantes los que perdieron la carrera porque Zedillo no aplicó “el Estado de derecho” que ahora reclama.

Fueron sobrecogedores los testimonios que en su momento recogió el diario Crónica, de los jóvenes que abandonaban ingeniería o medicina para irse de braceros, porque una minoría tenía tomada la universidad.

Apenas entró al gobierno, el que ahora reclama darle vigencia al “Estado de derecho”, corrió a todos los ministros de la Suprema Corte y nombró a todos y cada uno de sus integrantes.

Cuando un policía capitalino le dio una cachetada a un maestro en una manifestación, porque lo estaban agrediendo con palos, Zedillo despidió al jefe de la Policía del DF, David Garay Maldonado, hoy funcionario de Gobernación.

Desde luego que necesitamos fortalecer y hasta rehacer instituciones de justicia, pero en buena medida porque padecen el legado corrosivo que en ese terreno dejó Ernesto Zedillo. El mismo que hoy reclama “Estado de derecho” en México.