Opinión

¿Y si mejor hubiéramos abordado el problema institucional?

 
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FIFA. (Reuters)

Irving Rosales.

Profesor-Investigador del Departamento de Economía.

Universidad Iberoamericana.

Hace unos meses en este mismo espacio comentamos de la importancia que tiene el que las instituciones económicas en un país sean fuertes. Incluso, cuando cuestiones institucionales como el Estado de Derecho se cumplen en un país, su alcance puede ser internacional.

Un ejemplo de lo anterior es lo que recientemente ocurrió en el seno de la FIFA, donde acusaciones por parte del Departamento de Justicia de los EUA en materia de crimen organizado, corrupción, fraude, conspiración y lavado de dinero llevaron a la detención de varios directivos, e incluso a la renuncia del mismo presidente del organismo.

En nuestro país no sólo estamos lejos de ver algo similar, sino que la percepción interna y externa que en materia de corrupción y seguridad se tiene del país es grave. De acuerdo con el reporte del World Justice Project para 2015 recientemente publicado, ocupamos el lugar 79 de 102 países en el índice que mide la implementación del Estado de Derecho, siendo la corrupción, seguridad, justicia civil y penal los aspectos en los cuales México está más atrasado. Por ejemplo, en materia de orden y seguridad nuestro país ocupa el lugar 99 de 102, mientras que en materia de corrupción ocupamos el lugar 88.

Han pasado más de 15 años desde los últimos cambios estructurales en las instituciones económicas del país. A partir del año 2000, los diferentes gobiernos en México se han enfocado no hacia mejorar significativamente las instituciones, sino hacia reformar el marco legal en materia fiscal, laboral, de energía, de competencia, etc. que cada sexenio denominan como “reformas estructurales”.

Sin embargo, después de todos estos años, pareciera que en México no hemos entendido que no hay reforma que alcance en tanto la calidad institucional del país sea profundamente baja. Por ejemplo, de poco sirven los intentos para que las micro y pequeñas empresas crezcan si tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado. De poco sirven los programas que intentan fomentar el sector de la construcción si los desarrolladores tienen que pagar a funcionarios un porcentaje del costo de la obra, o volver “socios” del proyecto a personas recomendadas, para poder conseguir una licencia de construcción. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos más.

Esto me hace preguntar, ¿qué hubiera pasado si en el año 2002 el gobierno federal hubiera escogido los cacahuates (combate a la corrupción con el Pemexgate) en lugar de los lingotes de oro (reforma fiscal)? En su momento se dijo que la reforma fiscal por sí misma resolvería muchos de los problemas del país. Sin embargo, son ya 13 años en los que no se han logrado avances significativos ni en materia de crecimiento ni de desarrollo, por más que se haya dicho y repetido que vamos por el camino correcto.

Por otra parte, ¿qué pasaría si el actual gobierno hubiera enfocado su capital político y esfuerzo hacia reformas que mejoraran la calidad institucional, combatieran la corrupción, mejoraran la seguridad y justicia, aunque fuera en el mediano plazo? Este gobierno también prefirió las reformas que venden espejitos en el corto plazo pero que no abordan los problemas estructurales que sólo se resuelven con políticas cuyos resultados no se ven sino hasta el mediano plazo.

Obviamente, nunca sabremos lo que hubiera ocurrido. Pero vale la pena hacernos estas preguntas, porque ya llevamos muchos años desperdiciados en “reformas estructurales” que se implementan cada sexenio y que, hay que decirlo, no han generado resultados significativos para el desarrollo y bienestar de la población.

Si el gobierno continúa pensando sólo en reformas sin abordar el problema institucional, lo único que nos queda es desear que nuestro país no se encuentre nuevamente en 10 años sin mostrar avances. Y desear que el gobierno en turno por fin se dé cuenta que lo importante y urgente es abordar el problema de la baja calidad institucional.