Opinión

¿Y si la corrupción no fuera el problema?

 
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Corrupción. (Shutterstock)

Durante muchos años hemos culpado a la corrupción de ser la causa de muchos de los grandes problemas del desarrollo de México: pobreza, falta de crecimiento, debilidad institucional, ineficiencia del gasto público y desconfianza en la capacidad de la democracia para resolver esos retos.

La incapacidad del Estado para hacer bien las cosas, por ejemplo, en la construcción de infraestructura carretera, ha sido atribuida a la corrupción de los procesos de asignación de obra pública y a las deficiencias en los controles de calidad que la misma corrupción genera.

Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, publicó en 2015 un artículo en project-syndicate.org (https://www.project-syndicate.org/commentary/fighting-corruption-wont-end-poverty-by-ricardo-hausmann-2015-07/spanish) en el que señala que los países que hemos emprendido grandes reformas anticorrupción se han enfocado en la operación de esas reformas, más que en buscarle solución a los grandes problemas del desarrollo.

“El bien [que se busca conseguir eliminando la corrupción] -dice Hausmann- es un Estado capaz: una burocracia que puede proteger al país y a su pueblo, mantener la paz, hacer cumplir reglas y contratos, proporcionar infraestructura y servicios sociales, regular la actividad económica, comprometerse con obligaciones intertemporales de manera creíble, y crear una política tributaria que permita financiar todo lo anterior. La falta de un Estado capaz es lo que causa tanto la pobreza y el retraso como la corrupción”.

Hausmann ve a la corrupción y a la pobreza como consecuencias de la falta de capacidad y efectividad del Estado y a las reformas anticorrupción como un conjunto de ajustes en leyes -adquisiciones, gestión financiera y mayores sanciones a los corruptos- y acciones que, fuera de encarcelar y procesar a ex gobernantes corruptos -Lula, Humala, Pérez, Figueres, Martinelli, Saca, etcétera-, no han ayudado a resolver los problemas del desarrollo, fundamentalmente el crecimiento económico.

En suma, lo que Hausmann plantea es que por un lado, la ola de reformas anticorrupción en muchos países con los que compartimos problemas de desarrollo, terminan creando nuevas instancias administrativas más preocupadas por cumplir con procedimientos, trámites y protocolos internos, burocratizándose y perdiendo el sentido y el propósito que tenía su creación; por otro lado, la efectividad del Estado no viene solamente de la eliminación de la corrupción, sino de asegurar que cada una de las instancias del gobierno cumpla con su función específica.

En un contexto de debilidad institucional, en el que el Estado no puede asegurar la efectividad en la solución de problemas como la seguridad pública, la provisión de servicios de calidad y la gestión transparente de los recursos públicos, es ingenuo pensar que eliminar la corrupción es la solución a todo lo demás.

Y es que proverbialmente en los países en desarrollo y en México en lo particular, hemos recurrido excesivamente al trasplante de mejores prácticas internacionales sin hacer un análisis de los problemas específicos y obstáculos materiales que enfrentan los organismos públicos nacionales para cumplir su función en el día a día; hemos eliminado incentivos a la libertad y la creatividad en el trabajo de los servidores públicos al plantear políticas públicas transversales, rígidas y de aplicación general sin reparar en contextos específicos.

Hemos construido instituciones que no se evalúan, que no documentan ni aprenden de su experiencia de gestión y que están incapacitadas para innovar y difundir sus éxitos o fracasos; hemos impedido que se genere dentro de las organizaciones de gobiernos un entramado de expertos dentro de las organizaciones que sean contrapeso de las políticas y reformas de gabinete (top-down) que no se adaptan bien a la realidad.

Difiero con la visión de Hausmann en el sentido de que el control de la corrupción es parte intrínseca de la construcción del Estado capaz que él mismo propone y que no puede posponerse. Un Estado capaz no puede ser al mismo tiempo un Estado corrupto. Sin embargo, hay que tomar sus afirmaciones como advertencia, y reconocer que existe el riesgo de pensar que el control de la corrupción sea la solución a todos los problemas de capacidad y efectividad de gestión del Estado, y de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) caiga en la repetición improductiva de protocolos y se burocratice.

La construcción de un Estado capaz pasa por buscar la solución de los obstáculos a la efectividad de las instituciones públicas que nos impiden resolver nuestros problemas de desarrollo, y no solamente por la eliminación de la corrupción.

* Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y Maestro en  Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Twitter: @benxhill

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