Opinión

¿Y si damos derechos
a los animales?

Según ha trascendido, no habrá posibilidad jurídica para que el gobierno del Distrito Federal imponga un veto a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal por virtud de la cual se prohíbe la utilización de los animales en espectáculos circenses.

Mucha tinta se ha vertido sobre el tema -con argumentos a favor y también en contra- que plantean la inconstitucionalidad de la disposición por no ser de competencia local, hasta aquellos que dicen que se discrimina a un gremio en particular, toda vez que sólo se prohíbe la utilización de animales en este tipo de espectáculos, dejando de lado otros como las corridas de toros.

El primero de los argumentos no se sostiene porque, si bien es cierto la protección de la fauna silvestre es competencia federal, no lo es la organización de espectáculos públicos y dado que es ésta la disposición que reforma la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, está plenamente justificada desde el punto de vista constitucional su actuación por encontrarse dentro de sus atribuciones.

Sin embargo, el segundo argumento puede llegar a ser válido, toda vez que parece existir una ley privativa de aplicación exclusiva para un gremio mientras que otros –como los toros- no son siquiera cuestionados no obstante el sufrimiento que se dispensa a los animales.

Puede ser que los cirqueros que se vean afectados por esta nueva disposición interpongan demandas de amparo que sean otorgados por los jueces federales, con lo que esta disposición quedaría sin aplicación práctica para aquellos que la recurran. Y sin embargo, parece existir un consenso de que debe de prohibirse el maltrato animal en cualquiera de sus vertientes y el Distrito Federal se pone a la vanguardia en ello mediante leyes innovadoras que pretenden ser audaces, tales como los artículos trescientos cincuenta Bis y Ter del Código Penal local, que castiga con cárcel a los que perpetren actos de crueldad y maltrato a cierto tipo de animales.

Ahora, la nueva disposición que prohíbe el uso de animales en circos parece ir en la misma dirección. Sin embargo –y no se niega lo loable que puedan ser estas iniciativas- debe de llevarse a cabo una modificación de fondo a nivel constitucional, toda vez que el artículo primero de nuestra Carta Magna habla de que todas las “personas” disfrutarán de los derechos que la misma reconoce, lo que deja fuera a todos los seres que no tengan dicha categoría. Pareciera ocioso intentar justificar el otorgamiento de un derecho a seres que no tienen siquiera capacidad de exigirlos y, no obstante, hay precedentes que hacen ver que se ha pensado en varias etapas de la historia en esta necesidad.

En 1977 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, por diversas asociaciones pro derechos animales y fue posteriormente reconocida por la Unesco, aunque no ha sido incorporada aún a ninguna legislación nacional. Esta declaración establece de manera clara el reconocimiento de derechos elementales a estos seres vivos, aunque los países han sido renuentes a su reconocimiento.

Alemania hizo un gran avance al incorporar en 2002 un artículo veinte por virtud del cual impone al Estado alemán la obligación de dar protección a los animales, lo que trae aparejado un titular del derecho a la protección: los animales.

El problema real es que la visión homocéntrica del derecho ha complicado mucho el establecimiento de normas jurídicas que por sí solas están desprovistas de ideología y que mucho servirían para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los seres vivos en el planeta.

Por ello, una pregunta se lanza: ¿no sería bueno que ahora que se discute la posible Constitución del Distrito Federal, se incorporaran a los animales como sujetos de derechos? Para ello se requiere mucha voluntad política y no tener miedo a los factores reales de poder que intentan descalificar estos movimientos por intereses propios. El Distrito Federal se pondría a la vanguardia.

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