Opinión

¿Y la seguridad nacional?

A dos meses cumplidos de los trágicos sucesos ocurridos en Iguala, hemos podido observar un cúmulo de actividades que unas podrían estar plenamente justificadas pero otras jamás lograrán estarlo. Lamentablemente en este país todo se politiza, algunos políticos aprovechan la ocasión para llevar agua a su molino, valiéndose de cualquier error del contrincante para eso sí, desinformar a la sociedad y a la población en general con comunicados y comentarios sin mayor sustento o sacados de contexto de lo realmente ocurrido.

Las imágenes que una y otra vez miramos y la información que llega a nuestras manos realmente confunden, pero mas allá no se observa a la autoridad que corresponde actuar con apego a derecho y proceder conforme lo estipulado para quien altera el orden, agrede, causa daños a terceros y campantemente se retira, a sabiendas de que, en el peor de los casos, al ser detenido se levantarán defensores de sus ilegítimos actos para justificarlos y juzgar sin mayor razonamiento a la autoridad que no se atreve siquiera a intentar cumplir con su obligación.

Lejos, pero muy lejos se encuentra la posición que realmente deberían de adoptar nuestros congresistas como resultado de sus análisis cuando revisan y estudian situaciones tan graves como la que ahora nos afecta, pero para lo anterior requieren de sentir el pulso de cómo lo vive la ciudadanía en la calle y orientar políticas que ayuden a contener los daños que colateralmente se sufren.

Sin embargo, quienes deben estar atentos para actuar con apego a la ley parecen olvidar, si no es que lo ignoran, que existe una Ley sobre la Seguridad Nacional, la cual la define como: “… Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven, entre otras, a:

-la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

-el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno…”.

Tomando como base lo asentado, llama la atención que nadie haya mencionado, sugerido o propuesto adoptar una sola tarea que respalde este aspecto. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han dejado de observar el cumplimiento de lo aquí mandado, ya que no deja lugar a dudas de que conforme al marco normativo vigente, se deben tomar las acciones necesarias para garantizar la supervivencia del Estado mexicano, aspecto que no se percibe que esté haciendo o trabajando la autoridad para que la ciudadanía goce de todos los derechos que constitucionalmente le corresponden.

La desaparición forzada está calificada como un delito de lesa humanidad, acción que ha puesto a México en la mira internacional, provocando un sin fin de manifestaciones de apoyo en diversos escenarios y que dentro del territorio nacional ha avivado un ambiente hostil, ocasionando que la imagen y la economía nacional resulten severamente afectadas.

En las localidades donde se manifiesta de manera recurrente la virulencia de quienes reclaman con razón la presentación de los desaparecidos, o quienes la toman para aprovechar la ocasión para cometer todo tipo de desmanes, coexiste el temor entre habitantes y empresarios que impacta negativamente en la economía local e incrementa el desempleo.

Habrá que actuar con la mayor serenidad y paciencia posibles para dar tiempo a que las investigaciones avancen y conocer lo realmente ocurrido, así como el motivo verdadero por el cual se dio este ya calificado como abominable acto.

El primer mandatario en su último comunicado citó las diez medidas para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho, que considera necesarias para atender prioritariamente los problemas que están impidiendo o limitando el desarrollo y progreso del país. Entre éstas, la propuesta de ley contra la infiltración de la delincuencia organizada en las autoridades municipales, que esperamos que pronto se ponga en ejecución y que no se prolongue su aprobación.

Bienvenidas todas las medidas que garanticen retomar el camino de la legalidad y la vuelta a vivir en paz que ya merecen los mexicanos, ya que estamos ante una situación que, de no atenderse inmediatamente de manera asertiva y viable, podría alcanzar mayores niveles de violencia y tener un funesto desenlace.

* El autor es general de división diplomado del Estado Mayor retirado.