Opinión

¿Y ahora qué sigue en educación?

10 febrero 2014 4:7 Última actualización 04 septiembre 2013 5:2

David Calderón
 
 
Es claro que la promulgación de nuevas reglas es un paso indispensable, pero claramente inicial para una plena reforma educativa. En el caso de este verano candente y otoño lluvioso, el saldo es complejo: se busca desterrar prácticas como la herencia de plazas y su asignación automática, abrir un espacio específico para las quejas y sugerencias de los padres, reforzar la gratuidad de la escuela pública, regular la función de los asesores técnico-pedagógicos, un tipo de nombramiento que hoy incluye a extraordinarios maestros, algunos de los más brillantes y creativos del país, pero también es usada –esa asignación laboral- como “refugio de pecadores”, para mandar a la banca a oponentes indeseables, para esconder amigos y clientes o para sacar de las aulas a maestros inestables emocionalmente, con acusaciones de abuso o de longeva edad pero que aún no se quieren jubilar.
 
 
En diversos artículos se trata de dar certeza legal de que se acabará con las comisiones no educativas –sindicales, a cargos de representación popular- con goce de sueldo que diezman los fondos educativos; que se garantizará a los maestros el acceso a una formación continua que resulte relevante y gratuita; definir que los próximos directores y supervisores llegarán a esas promociones a través de un concurso público y transparente… en fin, establecer una evaluación de políticas públicas, desempeño docente y logro de aprendizaje que reconozca al mismo tiempo la universal garantía de los niños y jóvenes para aprender, en todo el territorio nacional, sin descuentos, cortapisas ni castas, y al mismo tiempo el reconocimiento de la diversidad cultural y de contexto socioeconómico.
 
 
Toda esta enorme lista de propósitos, y muchos más que no menciono para no acabarle de saturar, son buenos y justos. Pero las formulaciones jurídicas concretas que se integran en las tres piezas (Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Ley del Servicio Profesional Docente, y modificaciones a la Ley General de Educación) unas son claras, otras amplias y relativamente vagas, y otras claramente insuficientes para su propósito. No son y no pueden ser una “reforma educativa”, reforma que ocurrirá en plenitud hasta que los jóvenes, niñas y niños de verdad aprendan, todas y todas sin exclusión, cada día en la escuela, en escuelas verdaderas –no en jacales habilitados-, con maestros idóneos y en un clima sereno, de empatía y respeto, estimulante y no rutinario. Los países y regiones que hicieron verdaderas reformas educativas, cambios no cosméticos y de verdadera trascendencia, aún no han acabado de hacerlas: Finlandia, Sinagapur, Nueva Zelanda, Shanghai, Ontario, Minas Gerais no se duermen en sus laureles ni se reducen a cambiar normativa, sistemas de certificación o planes de estudio. Pero se empieza por leyes y por decisiones de Estado, porque en ellas discutimos si queremos opacidad o transparencia, certeza o discrecionalidad, control y “paz política” –un sistema de selva, pero que se puede seguir administrando echándole un bocado más de concesiones y presupuesto a los voraces- o dar marcha adelante, sobrellevando cierto nivel de incerteza y de reajuste complicado.
 
 
El siguiente episodio tendrá dos focos: uno, el trabajo que todos debemos observar, valorar y apoyar, a cargo del INEE, para que los lineamientos de los nuevos procesos expresen las esperanzas y justas demandas de los diversos involucrados; dos, la reconfiguración o disolución de la presencia pública de los maestros. Seguro que hay algo mejor que el dilema de entregarse al control hoy meloso, de cuello blanco y desvíos millonarios, del lado del SNTE, o bien sucumbir a una dirigencia entrópica, broncuda y balbuceante, que pasa como propuestas regionales de “consulta a la base” el refrito de los editorialistas de la Ciudad de México que se sueñan sus caudillos, del lado de la Coordinadora. Seguro que hay otra forma de expresar en colectivo a los maestros.
 
Twitter: @DavidResortera
 
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Director general de Mexicanos Primero.