Opinión

Washington promueve más poder para empresas en pacto con UE


 
El acuerdo de libre comercio que Washington negocia con la Unión Europea otorgaría facultades políticas para las empresas, con objeto de facilitarles desafiar las regulaciones gubernamentales en ambos lados del Atlántico, aseguró el Sierra Club, grupo ambiental norteamericano.
 
Las provisiones del acuerdo que se discuten, si bien todavía en su etapa inicial, "elevan a las corporaciones al nivel de Estados nación, lo que les permite demandar a los gobiernos practicamente frente a cualquier ley o política que reduzca sus ganancias", manifestó Illana Solomon, especialista en comercio del Sierra Club, a The Huffington Post, al advertir que la denominada "resolución de disputas inversionista-Estado" es "terriblemente riesgosa para las comunidades y la ecología".
 
Un vocero de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Demetrios Marantis (en funciones), confirmó que "buscará la inclusión de procedimientos para la resolución expédita, justa y transparente de disputas entre inversionistas y Estados", pero aseveró que el marco legal quedará "sujeto a salvaguardas apropiadas y la protección de los intereses regulatorios gubernamentales legítimos".
 
Sin embargo, Solomon, quien se incorporó al Sierra Club luego de trabajar como analista en ActionAid, insistió en que la erosión de la capacidad de los Estados para aprobar y aplicar leyes dentro de sus fronteras puede cambiar la naturaleza de la comunidad y de la autoridad. Con la resolución citada, explicó, las firmas inconformes podrían acudir a un organismo multilateral, como el Banco Mundial, que a su vez impondría sanciones económicas contra el país que viole su veredicto.
 
Cabildo
 
La Cámara de Comercio de EU, que promueve los intereses de las transnacionales, ha solicitado "compatibilidad regulatoria" y términos de inversión "amplios y modernizados" en el convenio con la Unión Europea -que en cinco años añadiría 180 mil millones de dólares a las economías de ambas partes-, a fin de "prevenir la discriminación contra los inversionistas".
 
El fortalecimiento político de las corporaciones se ha justificado ante régimenes arbitrarios o sistemas legales débiles en los países en desarrollo. Pero "extender la práctica a las relaciones del Primer Mundo exhibe ese razonamiento como ingenuo", apuntó THP al indicar que las multinacionales se han vuelto más ambiciosas, como lo demostrarían los casos de ExxonMobil y Dow Chemical demandando a la ley canadiense por el método de fractura hidráulica en la explotación petrolera y el empleo de pesticidas.
 
En cambio, Michael McDougall, portavoz de Eli Lilly, destacó que "el mecanismo de arbitraje entre inversionistas y Estados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido usado más de 60 veces desde que fue firmado en 1994".