Opinión

Villa Balboa

La reciente difusión del video de la fiesta “privada” en Puerto Vallarta, donde aparecen algunos diputados del PAN en compañía de mujeres de supuesta vida galante, abre una vez más el debate sobre las fronteras entre lo público y lo privado.

Esta discusión interminable de las actividades privadas de los personajes públicos, está más allá de la moral y de las buenas costumbres. Cuestiona profundamente principios éticos, de coherencia discursiva y de conducta pública.

Es una contradicción esencial legislar sobre la trata de personas y después ser “cliente” o “usuario” de un servicio que implica innegablemente la explotación de mujeres.

Es un doble discurso, afirmar en público una serie de principios en torno a la familia, el uso del condón y otros preceptos que muchos panistas sostienen abiertamente, para olvidarlos en privado.

Es un tema de congruencia personal, porque en estricto sentido, toda persona en un ámbito de libertades podría divertirse, bailar o acudir a toda fiesta en compañía de quien considere pertinente.

El problema es la dimensión o responsabilidad pública del personaje en cuestión. Un funcionario público debiera comportarse no solamente con una conducta cercana a lo ejemplar, en términos de respeto total y absoluto a las leyes, sino incluso con un nivel de compromiso y responsabilidad civil que ofrezca un proceder incuestionable.

Por lo menos recuerdo a dos o tres legisladores de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia que en los últimos años fueron acusados y sorprendidos en relaciones con secretarias o becarias, que presentaron su renuncia de forma inmediata.

No se ha preguntado usted ¿por qué los mexicanos nunca renunciamos?, ¿por qué los servidores públicos pillados en algún abuso o conducta impropia de su cargo jamás reconocen y se retiran? Mario Marín nunca renunció a la gubernatura de Puebla después de violar la ley, arrestar y encarcelar a Lydia Cacho. Nunca renunció aunque se conocieron las grabaciones donde se le implicaba en la protección a un criminal corruptor de menores.

René Bejarano nunca ofreció su cargo en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal cuando se conoció el famoso video de las ligas. Tuvo que ser sancionado por su partido, retirado del cargo, encarcelado por la autoridad.

¿Será un asunto de cinismo?, ¿es un tema de impunidad? Los servidores piensan que son menores las probabilidades de que se conozca su abuso, su conducta, sus excesos, sus probables delitos.

El video de Villa Balboa retrata a una clase política que convive sin pruritos con un exconvicto, en un espacio relajado y festivo que rompe con cualquier protocolo o discurso oficial. Parece que la escena difumina la línea que divide el ejercicio político del crimen organizado o de la narcopolítica, porque finalmente, están muy cerca, se tocan, conviven, comparten, son amigos y hacen tratos y negocios. No se explica de otra forma.

El diputado Villarreal ya fue separado de su cargo por la dirigencia del PAN y recibirá el escarnio de las legisladoras que condenan este tipo de conductas, tal vez otros colegas diputados, conscientes del impacto dañino para todos en términos de imagen pública, le hagan comentarios y señalamientos. O tal vez, como también se acostumbra en México, en un exceso de la esquizofrenia nacional, lo protejan y cobijen como uno de los suyos. Renuncie usted, señor diputado, demande a quien quiera por la grabación del video, pero retírese de la Cámara, tenga usted la entereza moral –si acaso– de reconocer, disculparse y renunciar.

Más allá de la grabación, no es accidental que el material se difunda hasta ahora. No antes, no en el escabroso periodo de las reformas, sino hasta ahora que las alianzas se han roto y empieza la guerra electoral. Pareciera obra de los contendientes políticos, a quienes conviene dañar al PAN seis meses después de los hechos registrados en el video.