Opinión

Vigilantes: crisis institucional

Arrumbada en las páginas dedicadas a la información de la Ciudad de México, alejada de los temas que más preocupan a la opinión pública, o aquella que reflejan los medios de comunicación, está el registro de un hombre que al ser asaltado este domingo, aprovechó un descuido de su victimario para asesinarlo. De acuerdo con la narración de los hechos, se trató de un acto en defensa propia. La presunta víctima fue a uno de los parques más seguros en la Ciudad de México, en la llamada zona de Polanquito, para disfrutar del Día del Padre con su esposa y dos hijas. Entonces, un joven armado le exigió el reloj y su cartera, sin saber que su víctima iba armado y conocía su manejo. Pagó caro la osadía e inexperiencia.

En lugar de botín, recibió un balazo que lo dejó muerto en la calle.

El hombre, que a escasos metros de donde fue atacado había saludado a dos policías del Distrito Federal y que se sabía en una zona altamente vigilada, por ser una de las de mayor ingreso en la capital y porque el alto número de buenos restaurantes la hace una de las más concurridas por las élites, esperó a que llegaran los uniformados para que levantaran las actas correspondientes y él, sabedor también de que había actuado dentro de los límites de la ley –contaba además con permiso para portar armas– fue a declarar ante el Ministerio Público.

En términos de ciudadanos y delincuentes, es una historia de éxito. Ante un criminal que atentó contra su vida, la de su familia y su patrimonio, se defendió y venció al agresor. La policía, que no estaba lejos de donde sucedió el incidente, no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que sucedió. En los últimos meses se han visto expresiones similares, aunque todavía aisladas, en la Ciudad de México.

La más notoria fue en un transporte colectivo, donde se subió una pandilla de asaltantes y uno de los pasajeros les disparó y mató a uno. Los pasajeros no lo delataron, ni dieron detalles de cómo era cuando les preguntó la policía sobre la fisonomía de su defensor anónimo.

El fenómeno no es exclusivo de la Ciudad de México. De hecho, en la capital es donde menos libertad de acción ha tenido este tipo de vigilantes, que es un término por el cual se conoce a los ciudadanos que hacen la justicia por propia mano. Lo que sí muestran estas expresiones de reacción ciudadana es una creciente insatisfacción con la seguridad que proveen las autoridades en el país y la percepción de que, o están vinculados con los grupos criminales, o son incompetentes. Las reacciones de los gobiernos no han sido, además, ni claras ni contundentes en busca del fortalecimiento del Estado de derecho y convertir realmente a México en un país de leyes –que se respeten y no haya impunidad.

El lastre tampoco es nuevo
. En el sexenio pasado, ante el desbordamiento de la violencia de los cárteles en el norte del país, un grupo de empresarios regiomontanos le pidió ayuda al presidente Felipe Calderón. Su respuesta sorprendió a sus interlocutores. Calderón les dijo que armaran a sus escoltas y que les daría permiso para portar armas. Es decir, el Estado no puede proveerles seguridad; dénsela con sus propias manos. Esa acción fue la claudicación del Estado de derecho y de la obligación de un gobierno para proveer seguridad, la misma razón por la que el sistema de gobierno sustituyó al viejo sistema de organización feudal donde predominaba la ley hobessiana, la sobrevivencia del más fuerte.

La falta de claridad entre la clase gobernante mexicana llevó a que cuando empezaron a surgir los grupos de autodefensa en diciembre de 2012, la Secretaría de Gobernación saludó la iniciativa ciudadana como un paso positivo para restablecer la seguridad en las zonas donde el Estado la había perdido. Grupos extralegales se formaron en Michoacán, Jalisco, Veracruz, Tabasco y en los suburbios de la Ciudad de México, recordó la revista de las élites políticas y empresariales estadounidenses, Foreign Affairs, en un ensayo en la edición de verano. Para ese entonces, grupos paramilitares operaban en 13 estados y en cuando menos 68 municipios. Ante el desbordamiento paramilitar y extralegal que se vivía y la ingobernabilidad que implicaba, el gobierno federal rectificó su entusiasmo original y ahora está buscando recuperar la seguridad y la legitimidad única para el uso de la violencia, que es un derecho exclusivo que el Estado ha ido perdido desde hace varios años.

La aparición de esos grupos y la forma como está reaccionando la población cuando ciudadanos defienden a ciudadanos ante la inacción, limitación, o incompetencia de los cuerpos de seguridad, están transmitiendo un mensaje muy claro: ante la incapacidad de la autoridad por proveer la seguridad a sus ciudadanos, la defensa propia es la solución. La lectura de fondo es que vivimos en un país sin leyes. Y en un país donde la aplicación de la ley por quien tiene la obligación política, legal y ética de hacerlo no se ejecuta, no es un país confiable para nada. Es lo que se le llama comúnmente la incertidumbre jurídica, la gran deficiencia que ante el mundo, tiene todavía México.