Si hay un voto de confianza en Andrés Manuel López Obrador, debe cumplir su promesa de "mantener la disciplina financiera y fiscal" en su gobierno.
Desde que fue declarado ganador de la elección presidencial, se comprometió a no tener déficit fiscal ni a endeudar más al país y tampoco a aplicar 'gasolinazos'.
Además, prevé generar un ahorro fiscal a partir de medidas de austeridad y combate a la corrupción, con las que "no habrá necesidad de aumentar impuestos ni de crear nuevos".
Alfonso Romo, designado jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo al reportero que "los ahorros del primer año los vamos a destinar a dos proyectos prioritarios: la pensión universal para adultos mayores y el rescate de los jóvenes".
En el primer caso, la propuesta de AMLO plantea duplicar la pensión; en el segundo, contempla apoyar a 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, con programas educativos y de inserción laboral.
Según AMLO, "el apoyo a jóvenes es un programa que va a significar una inversión muy fuerte, de alrededor de 110 mil millones de pesos" al año, mientras que la pensión universal para adultos mayores implicará de 35 a 40 mil millones de pesos.
Los dos programas van a representar una "inversión social" de 150 mil millones de pesos anuales.
"Aunque nos quedemos sin camisa, porque va a haber austeridad en el gobierno, se tienen que liberar estos fondos, que van a salir del ahorro", perfiló AMLO.
"Para eso estamos trabajando ya en alianzas con el sector privado para hacer un plan a detalle", comentó Romo al reportero.
"Lo vamos a hacer con capital semilla invitando al sector privado nacional y extranjero", abundó.
"Al ponernos una camisa de fuerza de no gastar más de lo que ingresa, el motor de la economía va a ser el sector privado", dijo Romo.
Lo que genera dudas es cómo combinar balances fiscales responsables y una política de cero endeudamiento, con un incremento del gasto social y la inversión.
Para la calificadora HR Ratings, "existe cierta incompatibilidad entre la meta de un nulo incremento de deuda y, al mismo tiempo, aumentar el gasto social y la inversión; en algún punto se tendrá que optar por alguno de estos dos objetivos".
Standard & Poor's ve poco probable que se aprueben políticas populistas o "antimercado", y confía en que la nueva administración siga una política fiscal cautelosa.
Pero Moody's advierte cierta "indefinición" de la política económica que se seguirá en los próximos seis años, principalmente en los frentes fiscal y energético.
En opinión de Fitch Ratings, el virtual triunfo de AMLO como presidente podría afectar a México debido a la incertidumbre generada sobre el futuro de la reforma energética, aunque es improbable que se anule.
Esas incompatibilidades, indefiniciones e incertidumbres son las razones por las que no hay que descartar un recorte a la calificación de la deuda soberana del país durante los próximos meses.
Moody's se perfila como la posible candidata para degradar a México, que tiene asignada en su escala la más alta calificación (A3) de las principales calificadoras internacionales.
Lo hará si no se materializan los ahorros fiscales prometidos, aun cuando haya un compromiso con políticas de gasto prudentes.