Los gobernadores quieren justicia (a modo)

La paciencia de Washington y Barack Obama no es infinita. Y Enrique Peña Nieto la está poniendo a prueba… otra vez. Todavía no se puede medir la profundidad del daño generado por la visita de Donald Trump a México y la administración peñista ya prepara otro golpe autoinflingido que puede llevar a Estados Unidos a reconsiderar si nuestro país es realmente un socio confiable.

La víctima en turno es el nuevo sistema de justicia penal (NJSP), uno de los proyectos de política exterior más atesorados por Estados Unidos desde hace casi una década y en el que el gobierno de Obama ha invertido más de 200 millones de dólares desde 2008 como parte de la Iniciativa Mérida.

Apenas dos meses después de que entrara en vigor el nuevo sistema –creado, diseñado y financiado parcialmente por los departamentos de Estado y Justicia--, la Secretaría de Gobernación entró en pánico y ahora prepara una contrarreforma que literalmente mataría al NSJP. Le quitaría los dientes. La inutilizaría, pues.

¿La razón? El cálculo político electoral y la descarada necesidad de varios estados y la federación misma de maquillar las cifras de delincuencia. Bajo la máxima de mejor no digo y no existe, no son pocos los gobernadores que quieren ocultar la incapacidad de atacar las redes de impunidad que operan al interior de sus órganos de procuración de justicia, desde ministerios públicos hasta secretarios de juzgado, llegando a jueces.

Hace apenas dos semanas, una veintena de gobernadores encabezados por Eruviel Ávila, del Estado de México, presentaron ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la exigencia de modificar la forma en que se recolecta y miden las denuncias dentro del nuevo sistema. Iban con la venia de Los Pinos.

"Sus cifras de delitos están disparándose de forma astronómica y están asustados con el impacto político", contó una persona enterada del tema. Y es que el nuevo sistema, con su énfasis en facilitar el proceso de denuncia al ciudadano, está desnudando la terrible realidad de la violencia e inseguridad que padece buena parte de México.

El diablo está en los detalles. Bajo el viejo sistema, cualquier denuncia ante el ministerio público tenía que ser ratificada antes de 48 horas o de lo contrario quedaba desechada. Si el ciudadano no acudía a continuar con el proceso –quizá por desidia o presionado por la autoridad para que se desistiera—no se tomaba en cuenta el delito ni se abría una averiguación previa. El incidente desaparecía en el limbo de la cifra negra.

Dentro del NSJP, no. Las Unidades de Atención Inmediata de las procuradurías y fiscalías no solo tienen la obligación de contabilizar todas las denuncias, sino que buscan facilitar el proceso al ciudadano. Vaya, es posible presentar una denuncia ante un policía en la calle. Ergo, el número de delitos y averiguaciones previas reportadas en los estados se ha disparado. El cambio de metodología desnudó al emperador: este es el real. El que hemos vivido los mexicanos desde siempre y que hasta ahora no se tomaba en cuenta en las cifras "oficiales".

Poco después de que los gobernadores le leyeran la cartilla, Osorio Chong informó a senadores del PRI que se enviarían algunos ajustillos al sistema de justicia penal en los primeros días del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Si no se ha recapacitado en Bucareli y Los Pinos sobre las consecuencias diplomáticas –y más ahora que Trump dejó las cosas por los suelos--, es cosa de días para que las iniciativas lleguen a San Lázaro.

Y consecuencias habrá. Basta recordar que el gobierno estadounidense ha metido millones de dólares de sus propios recursos al NSJP y que desde hace tiempo en la embajada se tiene detectada la renuencia de algunos gobernadores a aplicar el sistema. Si alguien logró que se aplicara la reforma, fue la legación diplomática, que presionó incansablemente a los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, amenazando con retirar fondos para asistencia militar y de seguridad.

Hay que entender la pasión de Washington por este tema. Convertir el sistema penal mexicano en un émulo del estadounidense ha sido un proyecto viejo en EU, tanto como desde los años de William Clinton, allá por los noventa. No es una cosa menor matar algo que le importa tanto al vecino del norte. En juego están millones de dólares de asistencia desde militar hasta agrícola.

"Si la reforma avanza, el Congreso de Estados Unidos podría considerar cómo mejor apoyar a los estados. Pero si la reforma falla, el Congreso se cuestionará el valor de continuar con la asistencia estadounidense a la reforma judicial", se advertía desde 2013 en un reporte del Servicio de Investigación Legislativo estadounidense. En éste, se añadía: "algunos gobernadores han retrasado la implementación del sistema porque podría lastimar su popularidad si se les percibe como suaves con el crimen".

Por cierto, un dato final. Como secretaria de Estado, fue a Hillary Clinton a quien tocó pelear en el Congreso estadounidense durante años para mantener los recursos económicos fluyendo al gobierno de Peña Nieto pese a reiteradas preocupaciones por su historial de derechos humanos. Fue ella quien dio el rostro por el gobierno mexicano.
Es previsible que no tomaría a la ligera una decisión como la que se cocina en Bucareli.

Twitter: @vhmichel

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