Opinión

Viacrucis de los 'dreamers'

    
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EPN (Cuartoscuro)

La minuta con la iniciativa preferente enviada al Poder Legislativo por el presidente Enrique Peña Nieto, que reforma la Ley General de Educación, recibió el respaldo unánime de los diputados de todos los partidos, aunque esta fue enriquecida con varias propuestas que hicieron las bancadas parlamentarias. En términos generales, el proyecto busca eliminar trámites y facilitar el proceso para revalidar los estudios de jóvenes migrantes.

Con su aprobación, es cuestión de días para que esta propuesta concluya su trámite legislativo con su promulgación. El dictamen que se subió a tribuna, para su discusión, análisis y aprobación ante el Pleno del recinto de San Lázaro, es producto de un ejercicio parlamentario donde ninguno de los legisladores, ni el Ejecutivo mismo, puede reclamar la autoría y, por el contrario, se puede decir que la ley dreamers, como también se conoce a la iniciativa preferente, es una ley de amplia participación plural y signada por el consenso político.

El ordenamiento en cuestión facilitará la continuidad de estudios a todos aquellos ciudadanos mexicanos que sean repatriados, eso es bueno, pero ante el difícil escenario que se vislumbra para los jóvenes estudiantes deportados nos hace pensar que su viacrucis no concluirá ahí, porque aunque en el tema educativo la política se unió, de igual manera tendrá que unirse para otras materias en términos de salud, alimentación y empleo, por señalar sólo algunos rubros de atención, que en su momento tendrán que afrontar los llamados dreamers.

La minuta enviada por el Senado de la República, que se aprobó el 28 de febrero, busca agilizar el proceso de revalidación de estudios de los migrantes, para lo cual proponen: incorporar la oportunidad de tránsito, a las oportunidades de todos los habitantes de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional; facultar a la autoridad educativa federal para expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, relacionadas con la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios, y para regular un marco nacional de cualificaciones.

Asimismo se faculta a la autoridad educativa local para vigilar el cumplimiento de las normas sobre acreditación y certificación de estudios; puntualiza que las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, y destaca que las nuevas medidas estarán dirigidas –preferentemente– a quienes enfrenten situación de vulnerabilidad por su situación migratoria.

Cabe señalar que fue el primer día de febrero de este año, al inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, cuando el Poder Legislativo dio entrada a la iniciativa preferente que les envió el presidente Enrique Peña Nieto, y con ese carácter fue atendida de manera inmediata y turnada al Senado, para su análisis y dictaminación. El trámite continuó ayer en la Cámara de Diputados.

La votación alcanzada en su aprobación, en lo general, fue de 366 a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. En el Senado tuvo 107 a favor y un voto en contra, lo que de alguna manera habla de acuerdos legislativos importantes y la constitución de un frente más a las políticas agresivas impulsadas por Donald Trump contra la comunidad migrante.

Sin embargo, en posicionamientos particulares, legisladores de Morena, PRD y MC cuestionaron la reforma aprobada, al señalar que ésta representa “sólo un parche”, que no resuelve del todo el problema para los “soñadores”, porque no hay espacio en las escuelas públicas y, si acaso, esto se volverá en jugosos negocios para las escuelas privadas. La diputada Magdalena Moreno Vega (Morena), por ejemplo, recordó que más de 140 mil aspirantes a ingresar a la UNAM serán rechazados.

En ese escenario, no hay que olvidar que en el Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), impulsado por el gobierno de Barack Obama, se frenó la deportación de 750 mil de estos jóvenes, por lo que ante una eventual repatriación, el viacrucis de los dreamers no concluirá con la ley aprobada.

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