Opinión

Vamos invirtiendo en lo que más falta

Pablo Velázquez.

Investigador de Mexicanos Primero.

A inicio de este año, el Presidente anunció siete acciones para la reactivación de la economía, entre ellas un trato fiscal preferencial para las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Aunque la medida intenta revertir el deterioro actual de la situación económica de la región, afectada por la inseguridad y la violencia, podría resultar insuficiente ante el verdadero reto que esta región enfrenta: la falta de educación de calidad.

Aunque ese tipo de incentivos puede mejorar la condición económica en el corto plazo, lo verdaderamente urgente es una sacudida a su sistema educativo. Se planea destinar 1,800 millones de pesos en 2015 para el desarrollo de tres zonas económicas en estos estados (CNN Expansión, 2014) . Esto representa poco más de la mitad de lo que se desvió o robó del gasto educativo en estas mismas entidades (3,376 millones de pesos) entre comisionados sindicales, aviadores, o personas que cobran por otras, en una coladera de corrupción y desorden administrativo (finalabuso.org) . Puede mitigarse momentáneamente con una quita de impuestos, pero nunca eso compensará el uso adecuado de la inversión central, la riqueza que genera todas las demás, que es la capacidad de los seres humanos. No hay incentivo fiscal sustentable que compense el desfalco que se comete a diario y que daña a los verdaderos maestros, violentando gravemente el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.

Este desvío perpetúa la condición de rezago de la región. Si analizamos por regiones del país los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos en 2012 (PISA, por sus siglas en inglés) la región sur es la peor ubicada en todos los aspectos. Por ejemplo, mientras a nivel nacional tenemos el triste dato de que 55 de cada 100 adolescentes de 15 años no cuentan con las competencias matemáticas mínimas para medirse a sus pares en un mundo global, en el sur la cifra aumenta a 66%. Es decir, casi 7 de cada 10 jóvenes en el sur de México no tienen idea de cómo plantear y resolver una simple regla de tres. En comprensión lectora la situación es menos grave, pero no significa que sea buena. A nivel nacional, 41 de cada 100 jóvenes no son capaces de extraer los puntos principales de un texto que acaban de leer; en la región sur del país, este porcentaje aumenta a 53%. Si incluimos la variable de nivel socioeconómico, la inequidad se vuelve más extrema. Por ejemplo, el joven del decil socioeconómico más pobre del sur de México se encuentra 2.6 años atrasado respecto al joven del decil socioeconómico más rico del Distrito Federal. Y no es que el joven aventajado del DF tenga un resultado extraordinario; de hecho, su resultado es menor al alcanzado por el estudiante del decil más bajo de Canadá.

Dado los pobres resultados académicos del país, en especial los de la región sur, no sorprende que la apuesta siga siendo dar paracetamol, mediante incentivos económicos, a un paciente que necesita una cirugía urgente a sus órganos vitales. De 2000 a 2014, estos tres estados recibieron 1.9 billones de pesos para proyectos de salud, infraestructura social y seguridad pública, pero sus índices de pobreza y marginación no mejoraron sustancialmente en los años que siguieron a su aplicación e incluso, algunos empeoraron (Reforma, 2015) . Más incentivos a los sectores primarios de actividad económica, como anunció el Presidente, no necesariamente elevarán la calidad de vida de los sureños. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014, 58% de las personas ocupadas en el sector primario perciben menos de un salario mínimo al día. Podemos seguir inyectando infinidad de recursos en los próximos años, pero no esperemos que ganar por debajo de 70 pesos diarios transforme su calidad de vida.

El anuncio del Presidente es una buena noticia, pero podría resultar insuficiente en extremo. Si realmente queremos transformar estos estados, debemos inyectar firmeza e impulso a la reforma educativa. Como sociedad, debemos exigir al Ejecutivo Federal y a los gobernadores que antepongan el derecho de los niños a aprender, antes que satisfacer intereses sindicales o políticos. Hoy en día tenemos estados que rechazan cumplir las reglas cuando les son inconvenientes, pero demandan más recursos económicos para salir del atraso. Oaxaca rechaza participar en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos pero sí exige que se pague una plantilla magisterial inflada por más de 13 mil personas que no tienen registro oficial como parte del personal docente. Nayarit cuenta con líderes sindicales que cobran sin dar clase más de cien mil pesos mensuales, mientras 67 de cada 100 aspirantes a maestro en ese estado reprueban el examen de admisión. Podríamos seguir construyendo puentes, levantar hospitales y regalar televisiones, pero mientras no tengamos educación de calidad vamos a seguir condenando a nuestras niñas, niños y jóvenes a buscar fuera las oportunidades que aquí mezquinamente les negamos.