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El tema recurrente de la semana anterior en los artículos de opinión en todos los diarios ha sido la iniciativa de ley 3de3, propuesta del Imco, el CEEY y Transparencia Mexicana que busca "reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos". Consiste en presentar una iniciativa de ley al Congreso para que los funcionarios estén obligados a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Ninguno de los funcionarios del gabinete actual ha presentado ninguna de estas declaraciones. Ninguno. No es obligatorio aún, pero en un momento en el que cada vez se reclama más transparencia es increíble que ninguno haya tenido la voluntad de hacerlo, ni siquiera para colgarse una bandera de honestidad y asumir una causa. Sólo nueve gobernadores, 16 senadores y 76 diputados lo han hecho. En total, 367 funcionarios han presentado voluntariamente su 3de3.
En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México está en el lugar 95 de 168. Se nos percibe como altamente corruptos. Algunos funcionarios han mencionado que no es un índice de corrupción, sino únicamente de percepción. Olvidan que en muchos casos la percepción es la realidad.
Cuando existe la percepción de que un país es corrupto, se alejan inversiones y aumenta el costo de financiamiento. De acuerdo con Transparencia Internacional, cinco de los diez países percibidos como más corruptos, están también entre los más violentos del mundo. En algunos de ellos, aunque no exista un conflicto bélico, los niveles de pobreza y desigualdad son alarmantes.
La corrupción cuesta y cuesta mucho. Banco de México ha señalado que en 2015 la corrupción le costó al país un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, el equivalente a 9.0 por ciento del PIB. El Banco Mundial coincidió con las cifras. En el Reporte de Corrupción Global de 2009, Transparencia Internacional afirma que la corrupción incrementa los costos de proyectos hasta en 10 por ciento. En el mismo estudio señala que en los países en desarrollo y transición, políticos y funcionarios de gobiernos corruptos reciben sobornos que suman hasta 40 mil millones de dólares anualmente. María Amparo Casar, en 'México: anatomía de la corrupción', publicado por el CIDE y el Imco, menciona algunos de los costos de la misma. Para las empresas representa 5.0 por ciento de menores ventas; para los países, 5.0 por ciento menos de inversión. La productividad del capital podría ser 2.0 por ciento mayor en ausencia de la corrupción. El 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales.
De entre todos los sectores, las empresas petroleras son percibidas entre las más dispuestas a sobornar para alcanzar sus propósitos.
La corrupción no es cultural. Es resultado de años de impunidad y de desprecio por la ley. Años en los que se ha arraigado en la forma de hacer negocios y de lidiar con el sector público. A todos los niveles. El año pasado al promulgar la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Peña afirmó que se trataba de una reforma contra la impunidad. Lo veremos este año. En mayo se tienen que presentar las reformas a las leyes involucradas en el sistema.
Qué mejor momento de estrenar una mayor participación ciudadana que ahora. Para que la iniciativa de ley 3de3 sea contemplada, se requieren 120 mil firmas autógrafas verificables por el INE. Ojalá que este número sea rebasado con creces, que se note en acciones el hartazgo de todos frente a las prácticas corruptas. Es una buena forma de crear un precedente de participación más allá de la queja y el reclamo. Ojalá que el Sistema Nacional Anticorrupción no se quede en la creación de comités de análisis y fiscalías especiales.
En algún momento en nuestra infancia nos enseñan que los gobernantes son los representantes de los ciudadanos, que los senadores y los diputados están ahí para velar por nuestros intereses.
En algún momento en el camino esa idea desaparece. A pesar de votar, poca gente considera a la clase política como su representante. Deberíamos, en nuestra adultez, recordarlo. Y exigir.
La autora es profesora de Economía en el ITAM e investigadora de la Escuela de Negocios en Harvard.
Twitter: @ValeriaMoy
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