El efectivo y las campañas

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Con el título de este artículo, no me refiero únicamente a las campañas presidenciales. Incluyo también las estatales, las municipales, las campañas de reconstrucción tras desastres e incluso las usadas en la implementación de programas sociales. En todas hay desviaciones. En la dispersión de recursos para programas de transferencias para desarrollo social desafortunadamente también hay un uso político del dinero que se otorga. Independientemente de lo loable que sea el objetivo —como en el caso de los fondos para la reconstrucción posterior a los sismos de septiembre— no podemos perder de vista esa realidad que responde a los incentivos que tienen quienes operan (tanto de los que dan como de los que reciben los recursos) esas transacciones.

El ejemplo de la semana es la revelación del desvío de millones de pesos destinados a los damnificados de los sismos. En algo que en sí mismo es corrupto e indignante, le agregan el cinismo. La investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y narrada por Salvador Camarena el martes en este mismo diario, muestra que se emitieron múltiples tarjetas (precargadas con recursos convertibles a efectivo) al mismo nombre: 37 para una persona, 26 para otra y así varios casos. Algunos de estos beneficiarios al menos recibieron una tarjeta, otros no recibieron ninguna. No se sabe dónde quedaron al menos 31.4 millones de pesos.

Lamentablemente, ya no sorprende la corrupción ni el desvío. Desde que se planteó ese mecanismo de apoyo, se levantaron voces (incluyendo ésta) que alertaban del mal uso que se le iba a dar al dinero. Virgilio Andrade, a cargo de Bansefi —institución que otorgó las tarjetas—, dijo que podría tratarse de errores provocados por las prisas para dar los apoyos rápido. Cuesta trabajo creerlo en una administración que ha estado plagada de corrupción y colmada de cinismo y dado su propio rol mientras dirigió la Secretaría de la Función Pública.

Los recursos se dispersaron a través de monederos electrónicos con fondos provenientes del Fonden. Gracias a las huellas de auditoría que dejan las transacciones bancarias podemos tener una idea de lo que pasó. Si las operaciones hubieran sido en efectivo ni siquiera nos hubiéramos enterado.

Llevamos dos años con múltiples elecciones estatales, viene el tercero aunado a la elección presidencial y a más de tres mil de cargos de elección popular. Es interesante ver la tendencia de la base monetaria (suma de billetes y monedas en circulación más el saldo de las cuentas corrientes que Banco de México lleva de la banca comercial) en periodos electorales.

Por ejemplo, en 2000 (año electoral) la base monetaria creció 25.5 por ciento, mientras que el resto de los años de esa administración el crecimiento fue de 14.18 por ciento en promedio anual. En 2006, 16.5 por ciento, mientras que en los años siguientes del sexenio fue en promedio 12.6. En lo que va de esta administración, el aumento en 2012 fue 13.9 por ciento. En 2015, que tuvo nueve elecciones estatales, el cambio fue de 20.1 por ciento. En 2016, con 13 elecciones estatales, el aumento fue de 15.9 por ciento. Este año hay nueve gubernaturas en disputa además de la presidencial. El aumento en el efectivo se aproxima.

Si queremos que haya una mejor fiscalización de los recursos otorgados —en campañas o en programas de transferencias o de apoyos, incluso en el pago de multas y derechos— el uso del efectivo debería de estar seriamente limitado o eliminado por completo. Si queremos visualizar mejor el uso que se le da a los recursos en efectivo, recordemos en 2012 al entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Tomás Ruiz, transportando en un avión del gobierno del estado 25 millones de pesos en efectivo cargados en maletas, dizque para pagar las fiestas de la Candelaria.

Limitar o eliminar el uso de efectivo en este tipo de transacciones no desaparece la posibilidad de que haya transas o corrupción. Creo que sí disminuye su probabilidad. Hoy sabemos de los casos como el reportado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción precisamente porque usaron el sistema financiero para los desvíos. Mismo caso con el dinero para la reconstrucción.

La penetración del sistema financiero mexicano no es la ideal, todavía está concentrada en ciertos sectores de ingresos, pero con una medida de este tipo se podrían atender dos problemas importantes en el país: aprovechar para bancarizar a la población y fiscalizar el uso de los recursos que otorga el gobierno y también los que recibe.

Si hubiera algún compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas, esta sería una propuesta que al menos debería ser considerada. Ya se usa en ciertas economías como la sueca. ¿Habrá la voluntad política? Lo dudo.

* La autora es profesora de Economía en el ITAM y directora general de México ¿cómo vamos?

Twitter: @ValeriaMoy

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