Opinión

Urge implementar reforma educativa


 
Hace ya casi un año que se aprobó la reforma educativa. En contraste con lo que menciona Pink Floyd en su ampliamente conocida obra The Wall: “no necesitamos más educación”, en México sí se requiere de más educación y de un mayor nivel educativo urgentemente. Hay muchas razones -que elaboro a continuación-, por las que México necesita importantes cambios en el sistema educativo. No obstante lo anterior, estos cambios deberán atacar principalmente dos temas: (1) El bajo porcentaje de población que termina la educación secundaria; así como (2) las bajas calificaciones que han obtenido los estudiantes mexicanos en las pruebas estándar de la OCDE, como es la prueba conocida como PISA (Programa Internacional de Valoración del Estudiante). En pocas palabras, tanto desde un punto de vista de cantidad, como de calidad, no tenemos un país que en promedio esté a la altura de muchos países desarrollados y emergentes. La urgencia también deriva de la joven estructura de la población, con una edad promedio de 26 años. Si no mejoramos el sistema educativo en México hoy, quizá luego sea ya muy tarde para ser un país acorde con nuestro posicionamiento mundial.
 
Por un lado, el porcentaje de la población que sólo ha terminado la educación secundaria es de un penoso 35 por ciento, mientras que el porcentaje promedio para los países de la OCDE y del G-20 es de 75 por ciento y 72 por ciento, respectivamente; pero quizá el tema más delicado es (2) el humillante desempeño de los estudiantes en las pruebas estándar de matemáticas, ciencias y lectura de la OCDE-PISA (PISA se refiere al Programa Internacional de Valoración del Estudiante). En este contexto, México ocupa el quincuagésimo lugar (sí, ¡el 50!), por encima de Trinidad y Tobago y Montenegro. Estos dos temas dan suficiente apoyo para pensar que es urgente que se implemente la reforma educativa aprobada.
 
No es una cuestión de gastar más. Comparando lo que gasta el gobierno de México en educación, como porcentaje del PIB contra otros países, es claro que el verdadero problema no tiene que ver con el monto del gasto público. México gasta alrededor del 5.3 por ciento del PIB en educación anualmente, ligeramente por abajo del promedio de la OCDE de 5.8 por ciento y por arriba del 5 por ciento del G-20. Como resultado -y como creo que el gobierno piensa-, no se trata solamente de expandir el gasto público, sino de analizar cómo se utilizan los recursos. En este contexto, habría que revisar el nivel relativo de los salarios de los maestros en México. De acuerdo con la OCDE, los maestros en México ganan cerca de 31 mil dólares anualmente en promedio, 32 por ciento por abajo del promedio de los países de la OCDE que tienen ingresos ligeramente por arriba de los 45 mil dólares. En este sentido ¿Cómo se puede concebir que México gaste lo mismo (en términos del PIB) que el promedio de los países de la OCDE, y al mismo tiempo se paguen salarios mucho más bajos? (aquí también cabe recordar que estamos dentro de las 15 economías más grandes del mundo). Aquí es donde el proceso legal que sigue la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podría eventualmente ofrecer algunas respuestas.
 
 
Como sabemos, el eje principal de la reforma educativa es debilitar la estructura actual. La reforma educativa aprobada llevó a cabo cinco modificaciones importantes al sistema y a la ley que lo regula (artículo 3 de la Constitución Mexicana): (1) Recuperar la rectoría del Estado en temas educativos; (2) crear un Servicio Profesional de Docentes; (3) crear un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y dotarlo de autonomía al estilo Banxico o el INEGI; (4) llevar a cabo un registro nacional de escuelas, profesores y estudiantes; y (5) extender el horario escolar de seis a ocho horas en 40 mil escuelas públicas de “tiempo completo”, en donde se ofrecerá comida a los estudiantes. Asimismo, un apartado de la reforma fiscal en donde se transfiere la responsabilidad de llevar a cabo el pago a maestros, profesores y personal administrativo bajo la nómina federal, de los gobiernos estatales al gobierno del presidente Peña Nieto, sin duda apoya la reforma educativa aprobada. Ya pasaron 11 meses de la aprobación de esta reforma y aunque ha habido avance, tenemos que trabajar para que éstos se plasmen lo más rápido posible en el sistema educativo. Mientras más tardemos, más generaciones que continuarán estudiando en un sistema educativo deficiente y con menores probabilidades de competir a nivel mundial en la era de la comunicación, de los robots que manejan automóviles y de las impresoras 3D, por decir lo menos.