Opinión

Una reforma que cambiará la historia

09 diciembre 2013 5:2

 
El dictamen en el que se establecen los términos de la reforma constitucional en materia de energía implica cambios que al final son mucho más profundos que la propuesta original del Ejecutivo.
 
 
La diferencia más notable (hay muchas) respecto a la iniciativa enviada por Peña es que se establecen diversos formatos de participación del sector privado en la exploración y producción de crudo.
 
 
En la iniciativa original se restringía a la fórmula de la “utilidad compartida”. En la nueva propuesta, ésta es una de las varias opciones que tendrán los inversionistas privados.
 
 
Las posibilidades serán al menos cuatro: contrato de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencia.
 
 
Esta definición se estableció en los transitorios a las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
 
Además, se hace explícito que las empresas que participen en estos esquemas podrán reportar en su contabilidad las asignaciones recibidas así como los ingresos esperados derivados de los contratos.
 
 
La trascendencia de ese cambio es enorme.
 
La iniciativa presidencial establecía que quizás las empresas nacionales y extranjeras iban a considerar otros beneficios de participar en la actividad petrolera mexicana, como compensación a un esquema jurídico restrictivo (el de la utilidad compartida).
 
En el camino, los funcionarios y legisladores se dieron cuenta que probablemente una reforma de ese tipo no iba a lograr hacer interesante la inversión en el sector de hidrocarburos mexicano.
 
 
Así que caben todas las fórmulas jurídicas usadas en el sector con excepción de la concesión. Es decir, se preserva la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Sin embargo, cuando éstos ya son extraídos, a través de las reglas que fijen los reguladores respectivos, el petróleo o gas ya podrán formar parte de los activos de Pemex o de cualquier empresa que participe en el sector.
 
Permanece la restricción para inscribir directamente las reservas en los balances de las empresas contratistas, pero sí se pueden registrar las cantidades físicas de crudo o gas que se espera extraer y que corresponden al contrato respectivo, o los ingresos esperados.
 
El otro tema crucial es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, que será el administrador de la renta petrolera. Ya no lo será directamente Pemex ni Hacienda.
 
Un elemento más es la modificación constitucional que constituirá a Pemex como empresa. Por increíble que parezca, jurídicamente Pemex es un organismo público descentralizado, no una empresa. Además, habrá un régimen presupuestal especial para la petrolera.
 
Por lo que he escuchado de potenciales inversionistas en los últimos meses, el esquema que define el dictamen que seguramente se va a aprobar en esta misma semana en el pleno del Senado y quizás de los diputados, sí va a crear un enorme interés en el sector de hidrocarburos en México y sí podemos esperar inversiones cuantiosas y una verdadera revolución en los negocios del sector.
 
La decisión de hacer este cambio provino de la exclusión del PRD y de la influencia que tuvo el PAN en la confección de la propuesta.
 
 
Como el gobierno no requería el respaldo del PRD y en contraste sí necesitaba el del PAN, se incluyeron diversas modificaciones que salieron precisamente de la propuesta panista.
 
 
En cuanto la reforma se concrete, casi todos los expertos a nivel mundial, van a voltear sus ojos hacia México, quizás como nunca antes había ocurrido.
 
 
Esta reforma será la que defina al gobierno de Enrique Peña, pues en la historia económica del país, este cambio marcará un antes y un después. 
 
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