Opinión

Una reforma en busca de defensores

29 octubre 2013 5:2

 
¿Qué argumentos deberían estar empleando el gobierno y el PRI para convencer al país de las bondades de la reforma hacendaria?
 
A veces pareciera que los promotores de la reforma asumieron que lo principal en estas semanas sería convencer a los legisladores y que para el resto de los mortales… ya habría tiempo después.
 
En contraste, los opositores a diversos aspectos de la reforma han argumentado, en diversas ocasiones con éxito, las desventajas que medidas individuales tendrán en contra de uno u otro sector específico. Y sus argumentaciones las han lanzado a los cuatro vientos y no sólo a los legisladores.
 
Sobre la base del dictamen ya aprobado en la Cámara de Diputados, si se quisiera defender con sustento la reforma, se debería haber presentado un antes y un después en materia de pago de impuestos, con objeto de calibrar con precisión los impactos reales y determinar cuántos y quiénes son los que van a pagar más, y en qué cantidad.
 
Cada sector que se ha sentido afectado, ha señalado que se le va a disparar la carga tributaria y que prácticamente no podrá sobrevivir a partir de enero. Aunque a veces suenan a exageraciones, la realidad es que la autoridad es la que tiene la información necesaria para medir y ponderar esas consideraciones. Y no lo ha hecho, al menos públicamente.
 
Pero, además, hay otra parte sustancial de la reforma que tampoco ha aparecido en las discusiones públicas: el efecto sobre la política social.
 
Tal ausencia ha hecho muy interesante que sea un grupo diverso de intelectuales, en torno al Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), quien esta semana haya hecho una defensa de la reforma, bajo los siguientes argumentos:
 
“Se retoma la idea de que la política fiscal debe ser progresiva (al subir ISR), o sea, habilitar el principio constitucional según el cual debe pagar más quien más tiene; comienza a cancelar privilegios y a afectar intereses ilegítimamente coagulados por décadas; se crean nuevos impuestos directos a actividades no productivas o sectores que afectan la salud, y, se rompe con la idea de una política económica ajena al ciclo, indiferente al crecimiento mediocre o al estancamiento”.
 
La defensa pública de la reforma se ha convertido en algo hoy ‘políticamente incorrecto’. Si uno quiere quedar bien con la mayor parte de los factores de poder de la sociedad mexicana, en este momento lo ‘correcto’ es criticar a la reforma.
 
Quienes de una u otra forma hemos señalado sus méritos, nos hemos ganado todo tipo de cuestionamientos y hasta mentadas.
 
El documento del IETD, suscrito por personajes tan diversos como José Woldenberg, Salomón Chertorivski o Rolando Cordera, sugiere al Senado lo siguiente:
 
“Es imperativo que el Senado no deponga el interés general, el mensaje esencial de cohesión social que puede lanzar esta reforma, al de los grupos que despliegan una abierta campaña de presión sobre el Poder Legislativo.”
 
Más allá de que creo que nada esencial cambiará en el tránsito de la propuesta por el Senado, urge que las autoridades o los legisladores ofrezcan un análisis minucioso del impacto previsible de las reformas en materia de su impacto distributivo, de su efecto previsible sobre las inversiones, de la ampliación de la base gravable, de la reducción de la evasión y elusión.
 
La estimación que daba recientemente el titular del SAT, Aristóteles Núñez, en el sentido que la reforma recaudará 180 mil millones de pesos adicionales, lo que implica un crecimiento nominal de 11 por ciento o real de 7.8 por ciento, es una primera aproximación útil pero insuficiente para ponderar el efecto de esta reforma.
 
Lo cierto, es que en lo que está casi todo por hacer es en materia de transparencia y rendición de cuentas en el gasto público, que deberá ser la siguiente asignatura que se aborde a la brevedad.
 
 
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