Opinión

¿Una rebelión contra
la seguridad?

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Cuauhtémoc Blanco

Es curioso que la gente quiera saltar del barco cuando las cosas van bien. Algo así está pasando en Morelos. Algunos de los alcaldes entrantes han condicionado su permanencia en el mando único, que ha operado con buenos resultados, o incluso han manifestado su determinación de abandonarlo. El alcalde electo de Cuernavaca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, anunció que la capital del estado saldría de este esquema con el vago argumento de que “no funciona”. El gobierno estatal ha intentado reunirse con Cuauhtémoc Blanco para explicarle las razones por las que es importante que Cuernavaca se mantenga dentro del mando único. Sin embargo, el futuro alcalde no ha asistido a las reuniones con el gobierno estatal; dice tener cosas más importantes que hacer.

Son varias las fuentes que confirman que en Morelos, una de las entidades más peligrosas del país, aunque en ningún caso se puede cantar victoria, ha iniciado un proceso de recuperación de la seguridad pública. Las cifras de incidencia delictiva apuntan a disminuciones para los principales delitos de alto impacto. Los secuestros, que por años fueron una preocupación central en el estado, han disminuido 77 por ciento en lo que va del año (de enero a agosto se reportaron 20 casos, en contraste con los 88 que se registraron en el mismo periodo del año pasado). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi de 2014 a 2015 el porcentaje de la población de Morelos que se siente “segura” en su colonia o localidad aumentó del 42.2 al 45.8 por ciento.

Mucho se ha discutido en los últimos años sobre el mando único policial. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto han enviado al Congreso iniciativas en la materia, que en términos generales implican centralizar en los gobiernos estatales las funciones de seguridad pública (y establecer, para efectos prácticos, 32 policías estatales que sustituyan a los centenares de corporaciones municipales que actualmente operan en el país). En el ámbito nacional, el mando único siempre me ha parecido una salida simplista. No hay ninguna razón de peso por la que debamos asumir que los municipios no pueden operar sus policías de forma eficaz. Por el contrario, existen casos en México y otros países que demuestran que los gobiernos locales pueden operar cuerpos policiales de primer nivel.

Desafortunadamente, también es cierto que en algunos estados de la República actualmente no existen condiciones para que los ayuntamientos desempeñen funciones de seguridad pública. Ahí donde las organizaciones criminales tienen mayor capacidad de operación, los municipios difícilmente tienen los recursos necesarios para evitar que sus policías sean infiltradas por el crimen organizado. Abundan los ejemplos de municipios en estados como Guerrero, Michoacán y Morelos, donde se ha evidenciado cómo corporaciones policiales enteras trabajan al servicio de un grupo criminal. En estos casos sin lugar a dudas sí es preferible que el mando sea transferido al gobierno estatal. Por supuesto, no existen garantías de que las corporaciones al mando del gobierno estatal no sean infiltradas por los criminales. Sin embargo, el riesgo de que la infiltración alcance a la corporación completa es menor, razón por la cual existen límites al apoyo que los elementos coludidos pueden prestar a los criminales.

En parte, la rebelión de los municipios de Morelos contra el mando único tiene motivaciones económicas. Un grupo de alcaldes anunció que sólo permitirán la operación del mando único si el gobierno estatal ya nos les retiene, como ha venido haciendo desde 2014, un monto equivalente al 5 por ciento de las aportaciones federales que reciben. No parece una exigencia justificada. Estos recursos han hecho posible una mayor inversión en infraestructura para ampliar las capacidades de la policía (incluyendo cuarteles, un centro de mando y una academia de policía).

Por otra parte, en 2012 el Congreso de Morelos aprobó una ley que sirve como marco para que el gobierno del estado asuma la función de seguridad pública de los municipios. En esta ley se señala que los ayuntamientos que firmen convenios de mando único con el Ejecutivo estatal no sólo transferirán personal y equipo, sino también recursos financieros.

Sin embargo, algunos hechos ocurridos en los últimos días dejan entrever algo más que una disputa por el presupuesto. El gobernador Graco Ramírez anunció su intención de competir por la presidencia de la República en 2018. En las entrevistas que ha concedido, Graco Ramírez ha identificado los avances en seguridad en el estado como el principal logro que justifica sus aspiraciones presidenciales. Es probable que el rechazo al mando único por parte de los alcaldes electos sea también parte de una estrategia más amplia de los adversarios políticos del gobernador. Recientemente algunos legisladores incluso exigieron la renuncia del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella. Curiosamente, entre las causas para tal solicitud identificaron los delitos de alto impacto (a pesar de que éstos han disminuido).

Morelos es un caso excepcional. Es un estado con recursos limitados que hace frente a una problemática muy compleja de delincuencia organizada. Sin embargo, en contraste con otras entidades en las que se observan condiciones similares, en Morelos existe una tendencia alentadora que era resultado del esfuerzo del gobierno estatal por recuperar de los criminales el control sobre las instituciones de seguridad pública. Ya sea que la oposición al mando único sea un mecanismo por parte de los alcaldes para obtener más recursos, o una estrategia política más compleja, sería una lástima que el esfuerzo se abortara.

Twitter: @laloguerrero

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