Opinión

Una política cuestionable a partir de la 2.5 GHz

10 febrero 2014 4:25 Última actualización 17 septiembre 2013 5:2

Antonio Cuéllar Steffan
 
Las reacciones que distintos sectores de la sociedad han expresado a lo largo de las últimas semanas, por las que los capitalinos y pobladores de otras grandes ciudades nos hemos visto, literalmente, atrapados, provienen de la ejecución definitiva e irreversible de una determinación tomada por el gobierno federal para llevar a cabo transformaciones sustanciales a nuestro marco jurídico, que buscan modificar situaciones que por conveniencia histórica se han venido creado en forma conveniente para algunos, pero terriblemente desfavorable para el país.
No puede caber ninguna duda de que, los cambios, todos alineados en el rumbo adecuado para elevar nuestra competitividad, deberán aterrizar, ante todo, en el terreno de la certidumbre y seguridad jurídica de aquellos a los que el esfuerzo está dirigido: los inversionistas. Porque tampoco podemos dudar que ningún mexicano ni extranjero podría apostar por México y dedicarse a actividades económicas generadoras de empleo, si las reglas del juego no se cumplen o son flexibles. En eso estriba el cumplimiento irrestricto de la ley como factor primordial del desarrollo.
 
 
Un ámbito del crecimiento nacional que fue objeto de particular debate ante las dos cámaras del Congreso, por el que incluso, desde junio pasado, la Constitución fue reformada en sus artículos 6º, 7º, 28 y otros relativos, fue el de las telecomunicaciones, el de la radio y la televisión. Se trató de un imperativo que fue concebido desde el Pacto, por el que se definió que en esta materia existiera no sólo mayor competencia, sino calidad y continuidad en la prestación de los servicios. Así acabó por quedar contemplado en la letra misma de nuestra Ley Suprema.
 
 
Evidentemente que, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, como las demás que se están gestando en materia de transparencia, energía y hacendaria, constituye un marco jurídico modelo que al Gobierno debe interesar por encima de una pluralidad de normas, porque establece el contexto en el que ha de regirse la relación entre el gobierno mismo y los particulares, llámense contribuyentes, concesionarios o contratistas, según sea el caso. Es un nuevo paradigma en la relación Estado-Individuos, en el que el respeto por el derecho debe constituir una premisa de incuestionable vigor.
 
 
Pues inmersos en esta temática, resulta que con apoyo en lo que establece la ley de telecomunicaciones vigente y las condiciones contenidas en más de una decena de concesiones, la SCT inició desde hace algunos años, sendos procedimientos administrativos que buscan recuperar una banda del espectro dentro de la frecuencia de los 2.5 GHz., por una causa muy clara que abiertamente contradice no sólo lo que se mandaba desde que dichas concesiones fueron expedidas, sino incluso lo que hoy se protege como un principio constitucional supremo: la continuidad y la calidad de los servicios. La banda había sido subutilizada por los concesionarios, que en ese sentido, se abstuvieron de cumplir con los planes de inversión presentados cuando los mismos títulos fueron originalmente expedidos.
 
 
Con sorpresa se ha ventilado la semana pasada que la propia Secretaría ha alcanzado acuerdos con las concesionarias para dividir las asignaciones, repartirles la mitad y disponer del restante dentro del paquete de frecuencias que habrá de licitar para nuevos servicios en el mismo sector.
 
 
El punto estriba en que, si ya se comprobó administrativamente una violación a la ley que ameritaba el inicio de los procedimientos de rescate de los bienes de la Nación, ¿qué fundamento puede tener y, más aún, qué legitimidad en el ámbito del interés público puede existir, para abandonar el cauce de un procedimiento que se rige por normas de orden público y al que no se puede renunciar, para firmar acuerdos entre el Estado y un particular probadamente incumplido?
 
 
¿Cuál es el rumbo que debemos seguir, entonces, con el propósito de refrendar el respeto por el derecho como camino único para favorecer la inversión?