Dolores Padierna Luna
En su propuesta de reforma hacendaria el gobierno incluyó dos nuevos derechos: la pensión universal para los adultos mayores y el seguro de desempleo. De entrada, tenemos que estar de acuerdo porque se trata de un acto de justicia social y del reconocimiento implícito de que el modelo económico de las últimas décadas ha implicado desproteger a nuestros mayores y no crear empleos para nuestros jóvenes.
Otra cosa será si esos derechos, elevados a rango constitucional, llegan a ser una realidad pues, como sabemos, nuestra Carta Magna ya incluye derechos sociales que sólo existen en la letra (salario mínimo remunerador, alimentación, salud, educación y vivienda, entre otros).
La reforma propone garantizar a los adultos mayores una vida digna y libre de violencia, además de salud, empleo y educación. Igualmente, plantea que tendrán el derecho de "recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez".
Es preciso recordar que los derechos aludidos en la propuesta ya existen, desde 2002, en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por lo que sólo se agrega el de la pensión.
La propuesta consiste en otorgar una pensión de mil 92 pesos mensuales a aquellos adultos mayores de 65 años que no tengan el carácter de pensionados y tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos. Los beneficiarios serían quienes cumplan la edad señalada a partir de 2014, con lo que la referida pensión pierde su carácter de universal.
La cantidad fijada corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por el Coneval (a junio de 2013) y se actualizaría anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El cálculo del Coneval es siempre mayor al del citado índice, por lo que el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y con ello se dejaría de cumplir el mandato constitucional (entre enero de 2004 y agosto de 2013, el costo de la canasta básica aumentó 77.1 por ciento y el INPC 46.7 por ciento).
Por otra parte, un artículo transitorio establece que los adultos mayores que ya son beneficiarios de una pensión la seguirán recibiendo con el nuevo esquema y que se mantendrán los programas similares existentes en las entidades federativas.
El alcance de la pensión, tal como la plantea el Ejecutivo, es muy limitado, puesto que propone otorgar a quienes cumplan la edad fijada a partir del próximo año.
Si seguimos las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2014 sólo se aplicaría a 0.3 por ciento de los adultos mayores. La cobertura máxima se alcanzaría hacia 2035, con sólo 4.0 por ciento y después volvería a decrecer. Estos datos demuestran que la propuesta del Ejecutivo está muy lejos de ser una pensión universal.
El costo de la pensión también sería reducido. En 2014, de sólo 298 millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año se estima en 46 mil 225 millones de pesos.
Se propone un esquema financiero que supone establecer cuentas individuales, que se constituirían para la población que cumpla 18 años a partir de 2014. Esto podría hacer sustentable, financieramente, el sistema. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones de Conapo, el número de personas que cumplirán 18 años irá disminuyendo a partir de 2016 y por lo tanto ya no se generarían más cuentas individuales. Por otra parte, vincularlas a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), traería un negocio adicional para éstas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa no aporta nada que conduzca a un sistema de seguridad social universal. La pensión para adultos mayores propuesta tiene un alcance muy limitado y está lejos de ser universal. Los programas asistenciales actualmente vigentes tienen una mucha mayor cobertura que la que se propone desde el gobierno.
Senadora de la República.
Opinión