Opinión

Una muerte por decreto

La vergüenza pública y el escarnio político es insuficiente para el expresidente Felipe Calderón por haber presumido de manera sonora en diciembre de 2010 la muerte de Nazario Moreno, el líder de La Familia Michoacana, que sucedió en realidad tres años después. Hay responsabilidades penales que no pueden dejar de fincarse sobre varios funcionarios de su gobierno por incumplir leyes y códigos que tuvieron consecuencias nacionales. Matar por decreto a El Chayo Moreno, no es una mera anécdota de los fiascos propagandísticos de Calderón. Es mucho más grave.

Para efectos prácticos y legales, haber dicho que murió sin verificarlo significó que durante todos estos años Moreno pudiera operar criminalmente sin ser perseguido. Su nombre desapareció de la lista de la PGR de los más buscados, y se dejaron de ofrecer los 30 millones de pesos por la información que condujera a su captura. Todas las extorsiones y asesinatos que pudo haber cometido en este periodo fueron realizados por un fantasma, pues para el gobierno no existía. Qué tanto contribuyó al deterioro acelerado en Michoacán, a la pérdida de territorio controlado por las autoridades y a la ejecución de las instituciones, es una valoración que aún no se realiza. Pero como han perfilado los partidos en el Congreso, tiene que haber consecuencias contra los responsables.

El 10 de diciembre de 2010, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, afirmó que las fuerzas federales habían abatido a Moreno en un enfrentamiento en Apatzingán. La operación fue en la comunidad de Holanda, donde lo enfrentaron conjuntamente el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal y la DEA. En marzo de 2011, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, el jefe de operaciones de la DEA, Thomas Harrigan, dijo que en esa acción “resultó muerto el CPOT”, como define la agencia a los “objetivos estratégicos”. Poiré admitió este domingo que su afirmación se basó en la información disponible en ese momento; Calderón, casi 24 horas después, usó nueve palabras para felicitar al “gobierno de la República” y remitió a todos los interesados al comunicado de su excolaborador. La DEA no ha dicho nada.

Las palabras, lacónicas en el caso de Calderón, y justificatorias en el caso de Poiré no resuelven ningún problema legal derivado de esa muerte que manejaron en los medios. Por el contrario, en el caso de la muerte de Moreno, se violaron al menos tres artículos del Código Federal de Procedimientos Penales:

1.- El 130, que dispone que “el Ministerio Público expedirá las órdenes para la autopsia e inhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas, cuando apareciera que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las diligencias de policía judicial no estuvieren en estado de consignarse desde luego a los tribunales”. El gobierno de Calderón no tenía el cuerpo de Moreno, por lo que no hubo autopsia, inhumación o acta de defunción. Por tanto, legalmente no murió.

2.- El 171 dice que “si se tratare de homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, describiéndosele minuciosamente y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron su muerte… Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto el Ministerio Público, o el tribunal en su caso, estimen que el procedimiento no es necesario”. Sin cuerpo, no se practicó nada de lo estipulado en la ley.

3.- El 172, que prevé la posibilidad de la ausencia del cadáver, señala que “cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas”. Tampoco lo declararon muerto.

La Policía Federal, que participó en el enfrentamiento en Apatzingán, recibió más de 50 solicitudes de información sobre el caso; todas fueron turnadas a la PGR. Aunque Calderón autorizó la operación mediática y Poiré la ejecutó, la responsabilidad penal recae directamente en quienes debieron haber concluido el expediente de Moreno, el entonces procurador general Arturo Chávez, y la subprocuradora encargada de la Delincuencia Organizada, Marisela Morales. Ambos incumplieron su trabajo. En estos tres años, el cártel michoacano se extendió al Estado de México, Guerrero y la ciudad de México, y exportó la violencia de la mano de su jefe que dejó de ser perseguido cuando murió por la palabra de Poiré, pero nunca, por omisión inadmisible, como obligaba la ley.