Opinión

Una más en Veracruz

   
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Tomás Ruiz

Por una obra que se cotizó inicialmente en mil 700 millones de pesos, los veracruzanos terminarán pagando, sólo por la última renegociación, poco más de 5 mil millones de pesos, y todavía el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del estado, Tomás Ruiz, consideró que se llegó a un arreglo positivo para el gobierno estatal.

El Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, que se licitó en 2003 y se empezó a construir a partir de 2006, en el sexenio de Miguel Alemán, es quizá el más grande de los elefantes blancos que heredó Javier Duarte, gobernador con licencia, a Miguel Ángel Yunes Linares, ya que todavía no está totalmente terminado.

Esta megaobra, que se licitó en mil 700 millones de pesos y que fue subiendo sus costos, es un proyecto de mil 125 metros lineales y cuatro carriles, que conectará Coatzacoalcos con Allende mediante un túnel que ahorrará mucho tiempo, ya que el traslado será de sólo cuatro minutos, en una zona de gran importancia económica debido a la producción de hidrocarburos.

La obra tuvo diversos retrasos en las tres administraciones que lleva el proyecto, desde hallazgos arqueológicos en el Dique Seco, malas condiciones climáticas, falta de pagos y otras causas, lo cual la fue encareciendo. Tuvo varias renegociaciones, e incluso hasta la intervención del exprocurador Antonio Lozano, quien fue el abogado que llevó el pleito con los españoles dueños del grupo FCC Construcción, SA, con lo cual quedaron fuera del negocio y sólo está Grupo Carso, de Carlos Slim, según informó Tomás Ruiz.

Por cierto, hay un pleito porque no se le pagaron 50 millones de pesos a Antonio Lozano Gracia.

Casi en el final de esta telenovela, en el último arreglo con Tomás Ruiz se acordó que los reclamos de los últimos mil 100 millones de pesos que hacía la constructora, no los pagaría el gobierno, lo cual parecía una magnífica negociación.

Sin importar que las empresas pequeñas que participaron con la constructora no recibieron tampoco el dinero que les correspondía, como Grupo OPC, que lleva una larga lucha jurídica.

Pero, para no pagar los mil 100 millones que les cobraba Grupo Carso, el Congreso local aprobó incrementar los años de la concesión, de los 37 años que ya se tenían acordados a 45, el máximo legal.

Lo que significa que en esos 8 años, la constructora se quedará con poco más de cinco mil millones de pesos, en un aproximado estimado con el cobro de peaje del puente Coatzacoalcos, y no dará nada a los demás socios.

Simplificando, se ahorraron mil 100 millones y pagarán más de cinco mil millones de pesos, y lo peor es que esta negociación se logró con la aprobación del Congreso estatal.

Es difícil saber el futuro de Tomás Ruiz, ya que aunque trabajó en el gobierno de Javier Duarte, fue muy cercano al gobernador electo Miguel Ángel Yunes, ambos favorecidos hace algunos años por la maestra Elba Esther Gordillo, lo cual dificulta predecir si el afán de justicia de quien gobernará el próximo bienio tocará a este personaje.

Por lo pronto, de acuerdo con información de periódico Noreste, Leonardo Cruz Casas magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder judicial del Estado de Veracruz, ordenó la destitución de Tomás Ruiz como secretario de Infraestructura y Obras Públicas por no pagar los adeudos a otra compañía constructora.

Es así que en Veracruz muchos han salido perdiendo, las empresas que invierten, los ciudadanos, los periodistas, una larga e interminable lista.



Twitter: @ginamorettc

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