Opinión

Una ley contra la educación

10 febrero 2014 4:16 Última actualización 09 septiembre 2013 5:2

Dolores Padierna Luna
 
 
El fast track para aprobar la Ley del Servicio Profesional Docente, última del paquete de la mal llamada reforma educativa, puede ser el cierre coyuntural de conflicto que polarizó al país, pero no es el fin de la historia ni el comienzo de una nueva era de logros para la educación pública.
 
 
En pocas palabras, la reforma del Pacto por México avalada por el Congreso se propone mejorar la calidad de la enseñanza cargando toda la responsabilidad en los maestros y poniendo sobre sus cabezas la permanente amenaza del despido.
 
 
Lejos de reconocer el esfuerzo cotidiano de cientos de miles de trabajadores de la educación, que muchas veces desarrollan su labor en condiciones precarias y en entornos sociales marcados por la pobreza, la nueva legislación establece un régimen punitivo que, se verá más temprano que tarde, no redundará en una transformación  profunda de nuestras escuelas públicas.
 
 
No hay que darle vueltas. Lo aprobado por el Congreso no es una reforma educativa sino un nuevo estatuto laboral que borra de un plumazo los derechos adquiridos por el magisterio y anula el principio de bilateralidad en las relaciones laborales
 
 
Desde que aprehendió a Elba Esther Gordillo, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de vender al país la idea de que la reforma educativa es una realidad.
 
 
Así, todo el proceso legislativo estuvo marcado por el engaño y la mentira.
 
 
Sólo después de que arreciaron las protestas del magisterio disidente fue que el gobierno accedió a hacer lo que debería haber hecho desde el principio: establecer mesas de diálogo. Lamentablemente, las mesas se convirtieron en espacios para ganar tiempo y para simular que se escuchaba a los principales afectados.
 
 
No podía ser distinto con un paquete legislativo nacido de la mentira. Porque mentira era, de entrada, que estábamos frente a una reforma educativa, cuando en realidad se trata de una reforma laboral bis que abre paso a la discrecionalidad de la autoridad para contratar y despedir maestros; achica las conquistas gremiales y la estabilidad en el empleo (aunque este gobierno se declare promotor del “empleo de calidad”) y establece formas de control para que en nuestras escuelas reine la precariedad laboral.
 
 
¿Puede creerse que este es un gobierno auténticamente preocupado por la educación cuando distribuye libros de texto plagados de errores? ¿Puede haber una reforma educativa sin tocar aspectos esenciales como el financiamiento, la infraestructura escolar y programas de formación y actualización permanentes y de calidad?
 
 
Tras la aprobación de la tercera ley, los voceros oficiosos del gobierno insistieron en las virtudes de la evaluación estandarizada.
 
 
Lo que no dicen es que el modelo fue copiado de países que, como Estados Unidos, han fincado su sistema escolar en los exámenes únicos. Y menos que en el vecino país crecen las voces que acusan un fracaso del modelo que ahora copiamos.
 
 
En julio pasado, la junta editorial de The New York Times –no la Coordinadora, no los críticos del gobierno mexicano– concluyó: “ha quedado claro que los exámenes estaban siendo sobrenfatizados –y mal utilizados– en escuelas que estaban sustituyendo preparación para exámenes en lugar de la instrucción”.
 
 
El Times también señaló también que “ahora está claro que jamás elevarán a las escuelas de este país al nivel de las naciones de alto rendimiento que nos han dejado atrás…”
 
 
Más temprano que tarde veremos cómo ocurre aquí lo que el periódico más importante de EU critica allá: que poner en el centro los exámenes estandarizados hizo que se olvidaran los planes nacionales de estudio y la capacitación de calidad a los maestros. “En otras palabras”, cerró el Times, “el país necesita reconsiderar su obsesión con exámenes, que pueden empeorar, y no mejorar, la educación”.
 
 
Claro, aquí lo que importa no es la educación, sino someter al magisterio a una relación neocorporativa que sea electoralmente útil al PRI.
 

La autora es senadora de la República.