Opinión

Una gran oportunidad para ganar confianza

 
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Fepade

En estos días se está definiendo la designación del nuevo auditor superior de la Federación y de la FEPADE, ante la remoción de Santiago Nieto hace algunas semanas. Se trata de puestos importantísimos, pues constituyen una función esencial en la lucha contra la corrupción a nivel general y en materia electoral.

En otras ocasiones hemos señalado la importancia de la arquitectura organizacional de las instituciones del Estado. Vemos la necesidad, por ejemplo, de la indispensable reestructuración de la actual Procuraduría General de la República para convertirse en Fiscalía General. Es indispensable transformarla, pues el poder que tendrá al volverse autónoma será tan grande que requiere pesos y contrapesos. Por ejemplo, se requiere despolitizar su nombramiento y establecer con precisión y equilibrio la forma de su remoción. Esa transformación de la PGR, lamentablemente, no se ha llevado a cabo por falta de consenso político, a pesar de contar con una propuesta ciudadana que considera todas las iniciativas ya presentadas. Los intereses partidistas no han permitido llegar a un acuerdo, pues está en juego algo tan elemental como importante: la independencia efectiva de la procuración de justicia, el que todos seamos iguales ante la ley, el que la influencia o el poder económico no determine si se imparte o no justicia adecuada a la ciudadanía.

Pero tan importante es la arquitectura institucional de dichas entidades, como quienes las dirigen. Por ahí transita la captura de las instituciones que, desgraciadamente, vemos que ocurre cada vez con mayor frecuencia. Los casos mencionados de la FEPADE ejemplifican ese proceso, lo mismo que el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, o de una vicepresidenta del Inegi, que no cumple con los requisitos legales. Esta tendencia a la captura de las instituciones a través de la politización de los nombramientos, que se reparten como cuotas de poder partidista que queda muy lejano del interés público de los gobernados, es una preocupación constante de las organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, se han logrado algunos avances, como el caso del nombramiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho nombramiento se hizo a través de nueve personas seleccionadas por el Senado, quienes nombran a los miembros de dicho comité. De esa manera se aisló, relativamente, la influencia partidista sobre ese nombramiento.

Pero en la mayoría de los demás nombramientos de instituciones fundamentales para la lucha contra la corrupción, la batalla se da caso por caso. Así está sucediendo con el nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación. Este puesto es central, pues se encarga de la auditoría del gasto público federal, que realiza auditorías ahora incluso en tiempo real, que emite recomendaciones y actúa dando información a la Fiscalía especializada en materia anticorrupción. Ahora, al formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es uno de los eslabones e instrumentos más importantes para combatir la corrupción.

Una condición indispensable para que la ASF pueda funcionar, para que se elija a una persona idónea, es que se postulen personas bien formadas, honestas y que estén a prueba de cualquier intento de corromperlas.

No es fácil que ese tipo de personas se postulen, pues las presiones son enormes. Pero afortunadamente, en este caso, sí hay personas idóneas.

Entre los postulantes se encuentra el Dr. Mauricio Merino, uno de los artífices del diseño e impulso del Sistema Nacional Anticorrupción. Quienes le conocen saben que es una persona íntegra, capaz y muy bien formada, que cree en el valor de la administración pública, y absolutamente incorruptible. Lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Es posible que haya otros postulantes que también podrían hacer el trabajo adecuadamente, con probidad y profesionalismo. Pero ciertamente el perfil del Dr. Merino, como auditor superior de la Federación, sería una garantía para los ciudadanos.

Sabríamos que contamos con un auditor capaz y confiable de cómo se gastan nuestros impuestos. Comenzaríamos a recuperar la confianza en nuestros legisladores y preservaríamos el trabajo profesional que la ASF ha realizado en los últimos años.

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