Opinión

Una buena noticia para romper la impunidad

 
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[Cuartoscuro] Integrantes de la sección 22 del SNTE bloquean centros comerciales y negocios.

Una buena noticia ocurrió la semana pasada sin que recibiera suficiente atención mediática: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de que organizaciones de la sociedad civil puedan acudir al amparo para defender los derechos humanos de terceros (tienen interés legítimo, dijo la Corte). Así le dio la razón a la organización Mexicanos Primero que presentó un amparo en 2013 para frenar “el desvío millonario de recursos a favor del SNTE, la CNTE, aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos y otros usos indebidos del gasto educativo”. Ese desvío de recursos limita la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación de calidad que establece la Constitución.

Se trata de un nuevo instrumento para construir un sistema de rendición de cuentas alternativo –“desde afuera” de los poderes públicos– para combatir la impunidad, la omisión y el mal desempeño de los gobiernos. Para obligar a que haya sanciones cuando funcionarios o legisladores no cumplen sus obligaciones legales. En el caso particular resuelto la semana pasada, la estrategia de Mexicanos Primero es una vía alterna para empujar castigos en contra de decenas de funcionarios en el ámbito federal y estatal que desvían recursos de los fondos para la educación básica sin recibir sanción alguna. Y también una vía para que quienes son responsables de ejercer esos castigos (contralores, auditores, legisladores) cumplan sus obligaciones.

Una de las mayores fallas de la democracia mexicana es que el sistema de pesos y contrapesos –motor central para controlar el abuso del poder y vigilar el desempeño de los gobiernos– está roto: muchos poderes Legislativos en las entidades del país han sido avasallados o cooptados por algunos gobernadores, y el Congreso de la Unión con frecuencia abdica de su responsabilidad para llamar a cuentas a los funcionarios que no ejercen sus labores conforme a la ley.

¿Quién sanciona al gobernador de Oaxaca que ha sido omiso en propiciar las condiciones para que se cumpla la obligación constitucional de contar con una legislación educativa acorde a la reforma de 2013? ¿Quién llama a cuentas a los legisladores de esa entidad que no han legislado? ¿Quién sanciona a los secretarios de Educación y de Finanzas quienes en muchas entidades del país han desviado fondos de la educación básica para otros fines? ¿Quién exigirá que los funcionarios federales que han negociado con la Sección 22 de la CNTE –dando dinero al margen de la ley– sean procesados y castigados?

Muchas de esas acciones son responsabilidad de los congresos. El Senado ha sido omiso en garantizar el buen funcionamiento del pacto federal y que las entidades que desafían la Constitución –en materia educativa Guerrero y Oaxaca– sean reconvenidas para cumplir su función. En el caso de la Cámara de Diputados, desde hace varios años la Auditoría Superior de la Federación ha señalado año con año el desvío de recursos del fondo de educación básica (FAEB) sin que la Comisión de Vigilancia haya hecho un seguimiento puntual con las autoridades para que esos desvíos se corrigieran. Tampoco se hizo nada para castigar a las entidades que desvían recursos y reducirles sus presupuestos educativos en años posteriores.

El fallo de la Corte facilita que organizaciones civiles, universidades, medios y ciudadanos en general tomen la batuta y generen un mecanismo de presión externa que obligue a los actores institucionales a cumplir su trabajo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho una magnífica labor en los últimos años para documentar desvío de recursos públicos en el ámbito local, pero sus facultades sancionadoras son limitadas y otros actores –el Ministerio Público y las contralorías estatales, municipales y la Secretaría de la Función Pública– con frecuencia incumplen su labor por falta de interés o de recursos. La presión externa sobre esos actores podría recomponer el sistema de incentivos para que actúen.

Según Mexicanos Primero el fallo de la Corte “motivaría a que la ASF no sólo informe de los presuntos daños al erario público federal que se reportan cada año por cantidades millonarias, como lo ha hecho hasta ahora, sino a actuar en todos y cada uno de los casos detectados, para recuperar los recursos públicos desviados, procesar a los culpables, o fundar y motivar en los casos en que no inicie el procedimiento de responsabilidad”.

El fallo de la Corte abre una nueva ruta para que otras organizaciones reclamen, a través del juicio de amparo, actos u omisiones de las autoridades. Por ejemplo, ¿quién será el funcionario responsable del daño patrimonial por la cancelación del tren México-Querétaro? ¿Quién responderá por los miles de millones de pesos gastados en la fallida refinería de Tula? ¿Quién responderá por la omisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se ha negado desde 2011 a cumplir la ley y dar cuenta de las subvenciones de sus grupos parlamentarios? Todas estas acciones u omisiones causan daños a terceros y limitan la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio de diversos derechos. Sin duda, el fallo de la Corte abre una ventana de oportunidades.

Twitter: @LCUgalde

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