Opinión

Un tema pendiente en la agenda energética

10 febrero 2014 5:18 Última actualización 20 agosto 2013 5:34

 
Antonio Cuéllar Steffan
 
 

Sin lugar a dudas, la sola presentación de la iniciativa energética del presidente de la República constituye una anotación positiva para México, aún y cuando no se haya todavía discutido ni aprobado, porque demuestra que tenemos la capacidad para analizar y replantear nuestro modelo de desarrollo y la ubicación misma del Estado en el gran espectro de la economía nacional.
 
 
Como ya lo hemos dicho en este mismo espacio, el planteamiento de una modificación de los paradigmas sentados en el texto constitucional desde 1938 resulta indispensable, porque si bien es cierto que han existido tinos indiscutibles sobre la conservación de la rectoría y poder soberano con respecto a nuestras riquezas naturales, no menos deja de serlo que existen también desaciertos en la conducción de las actividades de los órganos de recaudación o de la propia paraestatal encargada de la explotación de los recursos del subsuelo, que restan competitividad a la Nación.
 
 

Cinco fueron los puntos principales de la iniciativa que presentó a los ciudadanos de México el Presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada: 1) Desarrollo de la industria petrolera bajo la rectoría del Estado a partir de contratos de utilidad compartida en materia de exploración y extracción; 2) Nuevo régimen fiscal de Pemex; 3) División estructural de las subsidiarias de Pemex; 4) Mejoramiento de las condiciones de rendición de cuentas y transparencia de la paraestatal; 5) Establecimiento de una política de apoyo a las industrias locales.
 
 

No podría ser más coincidente con relación a la propuesta, por cuanto a la limitación de los particulares para acceder a la titularidad de concesiones con relación a la explotación de los yacimientos del subsuelo en los que se hallan los combustibles fósiles. Porque con independencia de las bondades que vienen con la inversión privada que traería aparejada la apertura de los bienes de la Nación al capital privado --por la generación aparente de inversión directa generadora de empleos--, no debemos perder de vista que se trata de recursos estratégicos de los que el Estado debe tener su disposición inmediata.
 
 
El gobierno federal debe contar con las facultades de imperio necesarias para decidir cómo y hasta qué grado se explotan los yacimientos petroleros de la Nación, con el objeto de obtener el más alto rendimiento económico posible por sus recursos en la época de comportamiento agresivo de los mercados, pero también para conservar la materia prima en época de escasez o cuando las condiciones temerosas de los capitalistas así lo aconsejen.
 
 

Un punto ha quedado sobre la mesa y no se aprecia en el análisis de las cinco aristas de la reforma, quizá el tema más importante con relación a la gran transformación energética de nuestro país: cuál sería el destino que se otorgue a los recursos.
 
 

Porque de nada sirve que logremos organizar a una nueva paraestatal y al capital privado que coadyuve al mejoramiento de la actividad petrolera nacional, si la gran renta y los enormes frutos que provea el petróleo se siguen destinando a la adquisición de combustible importado y al mantenimiento del gasto corriente de una burocracia que crece de manera galopante. Los recursos extraordinarios que arroja la venta del crudo no son nuestros, sino de las generaciones futuras.
 
 
Una justa y oportuna intervención de todas las fuerzas políticas gobernantes, integrantes del Pacto por México, tendría que ver por la incorporación, al mayor rango legislativo, de los mecanismos legales de aseguramiento que permitan que, los rendimientos del petróleo, en la medida en que sea posible, se destinen a la consolidación de políticas de expansión y fortalecimiento de la infraestructura nacional.