Opinión

Un paradigma negativo

En 2006, la deuda pública de Coahuila fue menor a 200 millones de pesos, lo cual apenas equivalía a 5.0 por ciento de sus participaciones para ese año; significaba 0.1 por ciento del PIBE, siendo el promedio nacional de 2.0 por ciento; y estaba concertada para pagarse en menos de nueve años en promedio. El panorama ha cambiado, hoy a junio de 2014, como acaba de informar la UCEF en la página de la Secretaría de Hacienda, el plazo promedio de vencimiento ponderado de la deuda de esa entidad federativa es de 16.7 años, representa 6.6 por ciento del PIBE, cuando el promedio nacional es de 3.0 por ciento; en relación a las participaciones –su principal ingreso en efectivo– significa 253.2 por ciento, y su monto es de 35 mil 210.6 millones de pesos. En descargo del actual gobierno de Coahuila, éste ha tenido que hacer un gran esfuerzo de reestructuración y ya no ha crecido, aunque la reducción es muy pequeña respecto a los 36 mil 421.7 millones que recibió en 2012. Ya en 2010 era de ocho mil 257 millones, pero en 2011, después de que la Comisión Nacional Bancaria publicara en marzo información sobre deuda no registrada, llegó a 36 mil millones.

Quiero comentar una anécdota sucedida en 2006, cuando el gobernador Enrique Martínez y Martínez expresaba sus preocupaciones por no dejar endeudado a su estado. Pedía recursos a la Secretaría de Hacienda –200 millones de pesos– para poder cubrir los gastos adicionales que se generan en toda administración al término de su periodo y no pasar a la historia como el que endeudó a Coahuila.
Creo que no fue así. Me consta que el suyo fue un gobierno que tuvo aciertos en materia tributaria, a pesar del poco potencial recaudatorio de los impuestos locales, y un manejo prudente del endeudamiento público. 

En lo personal, tuve oportunidad de participar por lo menos en dos eventos donde empresas calificadoras presentaban sus resultados y yo informaba lo referente a la colaboración administrativa y sus resultado recaudatorios, a partir del Diagnóstico Integral de las Finanzas Públicas que elaboraba la UCEF desde 2003. Su secretario de Finanzas, Javier Guerrero, actualmente subsecretario en Sedesol, cumplió un papel importante durante la primera Convención Nacional de las Haciendas Públicas, como coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Después de ellos, se descuidó la gestión de la hacienda pública y se recurrió a la vía fácil del endeudamiento, con poca transparencia y deficiente rendición de cuentas. Se creó un Sistema de Administración Tributaria con facultades sui generis, como la venta de activos y la contratación de deuda. Ya no existe.

Otras entidades también han visto crecer desmesuradamente su deuda, pero con Coahuila se detonó la atención nacional sobre el asunto.

Muchas veces se ha pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite las deudas estatales, pero es claro que las facultades para hacerlo las tienen los congresos locales, quienes cuentan con las Auditorias Superiores locales. Sin embargo, la ASF ha elaborado interesantes análisis sobre la deuda pública de las entidades federativas, disponibles en su página Web, y que vale la pena consultar.

Cuando la deuda crece así, la situación de la Hacienda pública de las entidades federativas se complica, ya que su servicio tiene un alto costo presupuestal.

Ese paradigma negativo debe ser aprovechado para hacer exactamente lo contrario, es decir, meter eficiencia a sus responsabilidades fiscales: política recaudatoria eficiente, transparencia y más amplia rendición de cuentas. Para ello son claves la armonización contable, la de las cuentas públicas y el presupuesto basado en resultados.

Por otra parte, sigue pendiente la reforma para poner límites al crecimiento de la deuda de las entidades federativas.