Opinión

Un Pacto muerto

El PRD, que acusa el rejonazo social por su presunta responsabilidad en los hechos de Iguala, propuso ayer un “esfuerzo conjunto’’ entre autoridades, partidos políticos, sectores productivos y sociedad civil, para combatir la inseguridad pública.

Es decir, una especie de “pacto nacional’’ para enfrentar la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país.

México ya se ha acostumbrado a estos “pactos’’ en casi todas las materias: desde los pactos económicos con Salinas-Zedillo hasta el reciente pacto entre los partidos políticos impulsado por Peña Nieto que sustentó las reformas constitucionales en materia energética, educativa y de telecomunicaciones.

En el caso de un “pacto por la seguridad’’, la intención parece buena pero está destinada al fracaso.

Ya se han realizado varios intentos por involucrar a la sociedad civil en un proyecto de esa naturaleza sin éxito, debido principalmente a que la falta de incentivos para la participación social.

¿Qué caso tiene ofrecer recompensas por delincuentes famosos si la sociedad tiene el justificado temor de que las policías están infiltradas? ¿Por qué los incentivos económicos para la participación social son un fracaso en el país?

¿Y cuál es el incentivo político? Si, como se ha visto recientemente, parece que todos los niveles de gobierno son sujetos, por lo menos, de sospecha de infiltración o franca colaboración con los grupos delincuenciales.

¿Y el social? No es un secreto que en municipios, sobre todo del norte del país, la delincuencia realiza obra pública que el gobierno responsable no realiza.

Una sociedad descreída de partidos y autoridades, sin incentivos para sumarse a un acuerdo como el que propone el PRD, necesita más que discursos demagógicos y de exculpación.

Más acciones pues, y menos discursos de relleno.

****

Como si le hiciera falta un conflicto más al gobierno mexicano, a los hechos de Iguala y Tlatlaya se suma la presunta ejecución de tres hermanos estadounidenses en Matamoros.

Según testigos, los tres hermanos y un amigo –tres hombres y una mujer–, habrían sido detenidos por un cuerpo policiaco de élite creado por la presidenta municipal panista Leticia Salazar, quien en un principio defendió la inocencia de su policía.

Sin embargo, el procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla, ya informó que nueve policías de ese grupo están siendo interrogados por el múltiple homicidio.

****

“Los priistas en el Senado estamos convencidos que sólo colocando a los derechos humanos en el centro del desarrollo nacional, es como podremos acceder al México que necesitamos para vivir en paz y tranquilidad que hace mucho tiempo hemos perdido en algunas regiones del país’’.

La afirmación anterior es de Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en el momento en el que la Cámara alta se dispone a discutir el currículum de los aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por cierto, entre l@s aspirantes resaltó el discurso de Miriam Cárdenas, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.

Cárdenas dijo estar convencida “que la Comisión Nacional no puede colocarse ni en el entreguismo ni en la confrontación” porque, dijo, “a nadie beneficia una Comisión entreguista, débil, que no cumpla el objeto para el cual fue creada pero tampoco la opción es la mera confrontación, cuando la autoridad debe ser motivada al cumplimiento”.

Y fue más crítica aún: “No puede existir un ombudsperson indiferente, que camine por las calles como si nada sabiendo que existen más de 20 mil desaparecidos, que ignore masacres como las de San Fernando o el hallazgo de tantas fosas clandestinas que día a día se descubren.

“No se puede permanecer silente ante la muerte por negligencia estructural de 49 niñas y niños en una guardería; o ante el secuestro de 43 jóvenes normalistas que tienen que aparecer’’, dijo. ¡Gulp!