Opinión

¿Un lugar sin remedio?

    
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Guerrero

Gabriel García Márquez es el exponente del realismo mágico que alcanzó mayor notoriedad. Sin embargo, esta corriente literaria no tuvo su génesis en el Caribe Colombiano, sino en Guerrero, más precisamente en Los recuerdos del porvenir, la novela publicada por Elena Garro en 1963 (aunque ella misma renegaba del término realismo mágico, que en su opinión era una etiqueta mercantilista). En Los recuerdos del porvenir, Garro reconstruye el clima de violencia que dominó Iguala en los años de su infancia. En el texto se describe cómo, por las mañanas, en el camino a Cocula, amanecían colgados los cuerpos de campesinos, a quienes mandaba asesinar un terrateniente mafioso, quien operaba en contubernio con las autoridades militares de la región.

Ha pasado casi un siglo desde la infancia de Elena Garro en Iguala, y más de cincuenta años desde la publicación de Los recuerdos del porvenir. Sin embargo, la violencia en Guerrero sigue igual, si no es que peor. Según las cifras oficiales, Guerrero, que apenas concentra a 3.0 por ciento de la población del país, cerró 2016 con dos mil 213 víctimas de homicidio doloso (que corresponden a 10 por ciento del total nacional). Todo parece indicar que 2017 podría ser incluso más violento (en el primer trimestre de 2017 los homicidios dolosos aumentaron 7.0 por ciento respecto al mismo periodo del año previo).

Otra constante es que los grupos criminales que operan en Guerrero siguen manteniendo una relación estrecha con las élites locales, quienes ponen a su servicio a los cuerpos de seguridad. El caso de los Abarca –la pareja vinculada a Guerrero Unidos que gobernaba Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas– no es excepcional. En distintas regiones del estado los empresarios y los políticos más destacados operan al servicio de algún líder criminal (con el cual suelen mantener una relación de parentesco).

Esta relación de cercanía con la élite permite a los criminales apropiarse de los cuerpos policiales locales. El pasado 16 de mayo, 60 policías de la corporación municipal de Zihuatanejo fueron desarmados y detenidos en un operativo conjunto encabezado por Sedena. La mayor parte de los agentes fueron liberados en los días subsecuentes, sin embargo, el gobernador Astudillo ha insistido en señalar que la Policía de Zihuatanejo había sido infiltrada por la delincuencia (dijo que un ciudadano equis se “ungió” como director de la Policía y que empezó a incorporar al trabajo policial a personas ajenas a la institución).

Se sabe que en muchos otros municipios la Policía trabaja para los líderes criminales, y dichos líderes son personas que toda la comunidad conoce, como en Los recuerdos del porvenir. Sin embargo, las presiones políticas se imponen, y sólo en casos excepcionales se llegan a tomar medidas. Estas presiones han impedido que se concrete un Mando Único efectivo en todo el estado, que sería un primer paso para superar la actual crisis de violencia e inseguridad.

Para colmo, la semana pasada estalló un conflicto en la Policía Estatal, que ya resultó en el despido de 176 elementos que se declararon en huelga. En el contexto de Guerrero, donde el crimen organizado tiene una penetración tan amplia en las instituciones de seguridad pública, es muy difícil conocer con certeza el trasfondo de estos hechos. Por una parte, las demandas de los uniformados parecen justificadas: un esquema de trabajo que les permita ver a sus familias y el pago de un bono de riesgo de dos mil pesos al mes, que ya había prometido el gobernador. Por otro lado, ya hay precedentes que sugieren que algún grupo criminal podría estar manipulando a sectores de la Policía Estatal para generarle presiones adicionales al gobernador. Ya el año pasado elementos de la Policía Estatal acusaron de corrupción y solicitaron el despido de Tomás Hernández Martínez, quien había desempeñado distintos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública. La solicitud de despido no prosperó, pero tiempo después Hernández Martínez fue asesinado en su domicilio de Acapulco, junto con su pareja.

A pesar del desastre que es Guerrero, el presidente Peña Nieto ha mantenido hasta ahora un apoyo casi irrestricto a la administración de Héctor Astudillo, probablemente como un gesto hacia Manlio Fabio Beltrones (el principal promotor de la carrera política del gobernador). Sin embargo, si las cosas no mejoran, este apoyo podría resultarle demasiado caro al PRI, particularmente porque la izquierda ha tenido desde hace años fuerza política en la entidad, y AMLO podría capitalizar fácilmente en 2018 el descontento generalizado de la población. Pasadas las elecciones de este año, tal vez el gobierno federal decida tomar decisiones más contundentes para recuperar la seguridad en Guerrero (el gobernador ya demostró en varias ocasiones que no puede o no quiere tomarlas). De lo contrario, el estado seguirá siendo un lugar sin remedio.

Twitter: @laloguerrero

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