Opinión

Un ladrillo más para el ogro

Los proyectos de ley de telecomunicaciones del gobierno federal avanzan en la paulatina recentralización del poder en el Ejecutivo federal y en dos grandes supersecretarías que tienen cada vez más atribuciones y responsabilidades. En el caso que nos ocupa, y de manera inconstitucional, se pretende que la Secretaría de Gobernación (Segob) sume a sus ya numerosas atribuciones la de vigilar los contenidos de las transmisiones de radio y televisión.

A tono con la reconstrucción del presidencialismo puro, se pretende que la Segob tenga responsabilidades que la reforma constitucional de 2013 dejó claramente en manos de un consejo ciudadano. De este modo, ahora, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong se encarga de dirigir la política interior; de la relación con otros poderes de la Unión, con los partidos y los órganos autónomos; de la seguridad pública; y de la conducción de la comunicación social del gobierno, entre muchas otras funciones.

Un ladrillo más en la reconstrucción del “Ogro filantrópico” -Octavio Paz dixit- es la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones, que despoja al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de facultades que le fueron otorgadas en nuestra Carta Magna.

Veamos. La reforma del artículo sexto constitucional estableció que el “organismo público contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva…”. Naturalmente, se trataba de que este consejo ciudadano estuviera facultado para vigilar los contenidos.

Empero, ninguna de las 58 atribuciones y funciones que la iniciativa del Ejecutivo otorga al IFT (artículo 15) se refiere a los contenidos.

Por el contrario, el artículo 34 establece que el IFT tendrá “un Consejo Consultivo de 15 miembros honorarios, incluido su presidente, que fungirá como órgano asesor, propositivo, de opinión y consulta permanente”.

El artículo 218 dota a la Segob de las atribuciones que en la Constitución pertenecen al organismo ciudadano: “VIII.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público”.

Por ningún lado, en la iniciativa, encontramos las nociones de independencia ni de política editorial imparcial y objetiva. Por el contrario, es un catálogo de violaciones a la Constitución.

Mientras el artículo 6-B, numeral V, establece con claridad la prohibición de transmitir “publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, la iniciativa limita los alcances del texto constitucional sólo al ámbito electoral.

El artículo 191 ordena que el IFT, “en coordinación” con las procuradurías e instancias de seguridad (léase Cinsen u otras), establezca mecanismos para que los concesionarios adopten medidas “para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas…”.

Por si algo faltara, el artículo 197, ordena a los concesionarios de telecomunicaciones: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.”

Como puede verse, los márgenes para la actuación discrecional son muy amplios, puesto que dan manga ancha a una “autoridad” que no se precisa, para ejercer la censura en eventos “críticos”.

Se pretende, lisa y llanamente, pasar por encima de la Constitución, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la libre información veraz, plural y oportuna… (Artículo 6); y que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares... (Artículo 7)”.

El mal aliento del ogro es inocultable en la iniciativa de Peña Nieto.