Opinión

Un hecho, la remoción de Salgado

 
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Rigoberto Salgado

El rechazo a la solicitud de amparo interpuesta por el jefe delegacional morenista de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, abre más la puerta de su remoción por parte de la Asamblea Legislativa de la CDMX, tal como lo establece el artículo 42, fracción XXVII del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México.

La ruta legal del procedimiento jurídico camina a paso lento, pero firme. Al mismo tiempo se realizan las pláticas conducentes entre todas las fracciones partidistas de la ALDF para contar con los 45 votos que se requieren, de un total de 66, para proceder a la remoción.

Los tiempos para que ello ocurra depende, por supuesto de que se atiendan todas las diligencias previstas por el Estatuto de Gobierno, empero este se desenvuelve conforme a la ruta crítica establecida por los propios legisladores locales.

Después de que el jefe delegacional presente pruebas y realice los alegatos correspondientes, la Asamblea calificará la gravedad de la falta y resolverá en definitiva si procede o no la remoción.

Diremos que el proceso está en tres pistas, el jurídico-legislativo, el judicial y el político, y para que Salgado sea removido de su cargo se requiere que el desenlace de las tres pistas se alineen entre sí, tal como lo hizo ayer la luna con el sol para que ocurriera el eclipse.

Por lo pronto, el presidente de la Mesa Directiva en la ALDF, Mauricio Toledo, señaló que el hecho de que un juzgado desechara el amparo promovido por el jefe delegacional, confirma que en este caso no hay persecución política, sino al contrario, que “la ley en este caso asiste a la Comisión Jurisdiccional de la ALDF para actuar; y debido a que el procedimiento está bien estructurado, el proceso de remoción se seguirá conforme a derecho”, e incluso, para dar mayor transparencia a este proceso, exhortó al presidente de la referida Comisión a hacer públicas las sesiones de la misma.

Cabe decir que en el amparo solicitado por Salgado Vázquez se pedía a la PGR no filtrar información, y con ese recurso también frenar el proceso de remoción de su cargo.

Es ese el contexto en que la Procuraduría capitalina y la propia Asamblea Legislativa siguen avanzando en las pesquisas que les corresponden. Sin embargo, donde está trabado el asunto es precisamente en la pista tres, el aspecto político, pues Morena rechaza que Rigoberto Salgado sea procesado y removido de su cargo, toda vez que –insisten– el tema responde más a motivaciones políticas que a la pretensión de esclarecer la verdad del asunto. Y si los diputados locales de Morena se oponen, no hay forma de que se alcance el número de votos para que se proceda en contra del delegado.

No obstante, sabemos que, llegado el momento de las definiciones y ante las pruebas contundentes que tiene la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, algunos diputados de Morena votarían a favor de la remoción y evitar con ello que el juicio se alargue y el tiempo juegue en su contra en momentos de campaña. De hecho, todavía se recuerda que cuando Salgado Vázquez compareció ante los asambleístas, varios diputados de su partido abandonaron el salón y otros de plano guardaron silencio ante lo contundente de las acusaciones.

Sin duda, Andrés Manuel López Obrador está evaluando cual sería la salida del tema menos costosa en términos político-electoral. Si obligar a que Salgado renuncie antes de que su asunto llegue al pleno de la ALDF, o dejar que cada diputado morenista vote conforme a su propia convicción, o de plano defenderlo asumiendo todos los costos de esa decisión. Lo más seguro es que el todavía delegado de Tláhuac se quede solo y con ello la remoción sería inminente, en fin, la suerte está echada para don Rigoberto.

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