Opinión

Un dictador en apuros

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (Reuters)

“No nos dejaremos quitar con los votos lo que ganamos con las armas”, decía Fidel Velázquez, el líder eterno de la CTM. Así combaten las dictaduras el argumento democrático. El chavismo, esa extraña coalición de militares y líderes sociales de retórica trasnochada, no llegó a gobernar Venezuela por las armas. El chavismo subió al poder en 1999 gracias al voto de los pobres, hartos de una clase gobernante incompetente, frívola y excluyente. Sin embargo, después de sobrevivir un golpe de Estado en 2002, Hugo Chávez inició una radicalización gradual de su “revolución bolivariana”. Con el acoso a la prensa, la imposición de incondicionales en todas las instituciones del Estado, y la persecución de líderes opositores, el chavismo ya ha dejado en claro que no está dispuesto a dejar el poder por la vía de las urnas.

Hugo Chávez fue un dictador afortunado. Los precios del petróleo, que se mantuvieron deprimidos durante la década de los noventa, se elevaron justo cuando él arribó al poder. De un mínimo de 16 dólares en 1999, el barril de petróleo alcanzó niveles cercanos a 150 dólares en 2008. Venezuela recibió un flujo sin precedentes de divisas que permitieron impulsar el proyecto bolivariano: nacionalizar parte del aparato productivo, instrumentar enormes programas sociales y de vivienda, y comprar la simpatía de los líderes de otros países. Sobre todo, los petrodólares permitieron establecer un esquema de tipos de cambio preferenciales que en la práctica dieron al gobierno la capacidad de decidir quién puede importar y hacer negocios en el país.

Con la muerte de Chávez en marzo de 2013 se agotó la suerte. Por una parte se hicieron patentes las consecuencias económicas del radicalismo. Los años de controles cambiarios, confiscaciones arbitrarias y mala administración en las empresas públicas prácticamente terminaron con la producción doméstica. Por otra parte, el precio del petróleo se redujo a la mitad. Sin producción y sin dólares para satisfacer el mercado con importaciones baratas, en Venezuela se desató la inflación más alta del mundo y se ha generado una escasez difícil de concebir en un país que no alberga un conflicto armado (aunque los índices de inseguridad en Venezuela hacen que México parezca un remanso de paz).

El actual presidente, Nicolás Maduro, no tiene ni el carisma de Chávez ni su autoridad sobre las distintas facciones que integran el chavismo. Maduro no tiene el margen de maniobra necesario para tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis. Suspender los controles cambiarios implicaría enfrentarse con las cúpulas militares que controlan un jugoso negocio de arbitraje (compran barato con dólares subsidiados y venden a precio de mercado). Cobrar la gasolina, que para cualquier efecto práctico se regala —llenar el tanque cuesta el equivalente a 16 centavos de peso— sería una señal para el inicio de una movilización masiva contra el gobierno (un aumento de la gasolina en 1989 desató una ola de disturbios en los que murieron alrededor de 300 personas).

Su creciente debilidad política y el aumento del descontento popular, han llevado a Maduro a fabricar enemigos. El año pasado encarceló a Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores, bajo dudosos cargos de “instigación pública”. La semana pasada, una jueza (que nadie considera imparcial) lo sentenció a más de 13 años en prisión. Otro movimiento reciente ha sido cerrar la frontera con Colombia y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a los que se busca responsabilizar del desabasto. Las deportaciones y la incitación al odio ya han generado una crisis humanitaria. Como hacían los nazis con los judíos, el ejército venezolano “marca” las casas de los colombianos deportados, muchas de las cuales han sido saqueadas. A estas acciones Maduro ha sumado una violenta retórica en contra del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al que acusa de “conspirar” contra la revolución bolivariana.

En respuesta, Santos señaló que la revolución bolivariana ha pavimentado su propia destrucción. Tiene razón. Las acciones desesperadas de los últimos días muy probablemente acaben con el gobierno de Maduro. El inicio del fin podría darse tan pronto como el próximo sábado, en el marco de las manifestaciones por la condena de Leopoldo López. Otro posible punto de inflexión podrían ser las elecciones programadas para diciembre, cuando se renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional. En las encuestas el chavismo alcanza apenas 20 por ciento de la intención del voto, e incluso ha perdido fuerza entre la población más pobre (que en un porcentaje importante es de origen colombiano). Para ganar las próximas elecciones, Maduro quizás intenté recurrir al fraude descarado, lo que generaría una movilización social de gran escala.

Sin embargo, lo más preocupante de la crisis venezolana es que los acontecimientos recientes dificultarán enormemente una transición ordenada. En particular, el encarcelamiento y la condena han colocado a Leopoldo López como líder casi indiscutible de la oposición (opacando la figura mucho más conciliadora de Enrique Capriles). Las alas más radicales del chavismo estarían dispuestas a lo que sea para evitar una transición encabezada por Leopoldo López. El riesgo de un régimen mucho más represivo, en el que ni siquiera se respeten las pocas libertades que siguen vigentes en Venezuela, es un escenario que no se puede descartar.

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En otro tema, el miércoles de la semana pasada recibí numerosos mensajes de felicitación por “mi nombramiento” como responsable del sistema federal de penales. Agradezco las palabras de apoyo —y de apremio para que me cuide— de muchos de quienes se comunicaron conmigo. Pero el nombramiento no fue para mí sino para un homónimo, Eduardo Guerrero Durán, un funcionario con una importante trayectoria en el ámbito de readaptación social. Le deseo la mejor de las suertes en su difícil encomienda.

Twitter: @laloguerrero

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