Opinión

Un caso de manipulación y miopía

Sin valer qué tan importante, cuán trascendentes habrán de ser las nuevas leyes en materia electoral y de partidos políticos para el futuro del país y de nuestra naciente democracia, acaparó la atención la tendenciosa lectura concedida a una reforma miscelánea a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con respecto al haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF. Vivimos en una sociedad que padece una especie de trastorno de déficit de atención general, en la que ignoramos lo relevante y enfocamos nuestra atención a lo minúsculo.

Debo de empezar por aclarar que, en estricto sentido, la criticada reforma a la Ley del Poder Judicial no contenía propiamente la inclusión de una “pensión vitalicia”, como aviesamente fue denunciado. Debo confesar, sin embargo, que sí contenía una modificación de las facultades de la Comisión de Administración del propio Tribunal que bien podría entenderse como la concesión de la atribución para obsequiar una contraprestación de retiro que, sin medida, podría llegar a alcanzar proporciones indebidas. Debo señalar, también, que comparto el punto de vista, tanto de aquellos que reconocen la necesidad de dotar a los magistrados en retiro de una pensión suficiente para hacer frente a un modelo de vida alcanzado a lo largo de los años a través del esfuerzo, como el de aquellos que ven necesario el acotamiento de las prerrogativas con que deben beneficiarse del presupuesto los servidores públicos para hacer frente a sus necesidades.

Se desbordó el discurso y se toleraron vituperios innecesarios en torno del haber de retiro. Sin lugar a dudas, se ignoró cuál es el verdadero alcance de la letra de la ley y el espíritu que resguarda.

El artículo 209, fracción XXXI de la Ley reformada que comentamos, le concede a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral la atribución para dictar las providencias necesarias con relación al haber de retiro de los magistrados cuando, en su caso, se hayan tomado las decisiones conducentes a su otorgamiento. Fue la inclusión de esta atribución la causa misma de la deliberación. ¿Porqué existe una prestación económica de ese tipo para los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal?

El artículo 101 de la Constitución establece la prohibición expresa para que las personas que hayan ocupado el cargo de ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito o consejeros de la judicatura, así como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, actúen como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del PJF durante el plazo de dos años siguientes a la terminación del encargo. La prohibición es importantísima, pues impone un obstáculo para que nuestros juzgadores se involucren en modo alguno en actividades que podrían mermar su independencia e imparcialidad, cualidades esenciales en la altísima responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho.

Si para ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral cualquier abogado debería de acreditar contar con experiencia y prestigio en la labor judiciaria, lo que conlleva muchos años de trabajo, resulta evidente suponer que el cargo de magistrado que habrá de desempeñar el ciudadano probo durante nueve años acabará por concluirlo en una etapa madura de la vida y no antes. En esas condiciones, considero desacertado suponer que un profesionista completamente realizado tenga una oportunidad de trabajo en una actividad distinta de su profesión cuando ya habría alcanzado, en el propio Tribunal, el escalón máximo al que cualquiera de sus colegas podría haber aspirado. Sería socialmente falto de ética y, además de todo, un desacierto perjudicial para la sociedad misma, exigirle a una persona adulta, exitosa en un campo específico de la vida profesional, que inicie sus actividades económicas en una materia totalmente novedosa para ella.

Debemos de aceptar que es perfectamente válido y justo, como también necesario y razonable, que quienes han de concluir su actividad como magistrados de la Sala Superior gocen de un haber de retiro, que no es sino una compensación monetaria que les permita continuar gozando del mismo nivel de vida que podrían haber alcanzado en el ejercicio público de su profesión, con miras a equilibrar el menoscabo que les produce la prohibición para dedicarse a aquello que, por virtud de las exigencias de su función, mejor saben hacer: ejercer el derecho durante dos años.

Es lógico sin embargo pensar que, estando relacionado el haber patrimonial a su actividad en la judicatura y a la prohibición constitucional comentada, se impongan límites al concepto mismo por cuanto a su proporción y vigencia, impidiéndose así que pudiera prolongarse indefinidamente. La burra no era arisca.

Es previsible que en un futuro muy cercano se dé marcha atrás a la aprobación de esta necesaria modificación del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que hoy comentamos. Es una lástima, porque se trata de una disposición facultativa necesaria para la Comisión de Administración, que sin dicho instrumento quedaría limitada para actuar consecuentemente. Muy sano sería suponer la incorporación de las reglas necesarias para identificar qué es propiamente el haber de retiro, cuál es el monto que debería alcanzar, cuál sería la metodología de cálculo en función de los años de servicio prestado y su duración o vigencia, consideraciones que guiarían con eficiencia el desenvolvimiento de la misma Comisión.

Como quiera que sea, lo repito, ¿cómo es que este tema pudo suplantar la discusión de todo aquél que debió sobresalir y que constituyó propiamente el objeto del período extraordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión? Como ciudadanos debimos ocuparnos del estudio y entendimiento de las formas en que las nuevas leyes vendrán a definir la convivencia entre autoridades y partidos políticos, siempre en la arena de una nueva división competencial en la que lo “nacional” vendrá a gobernar inclusive a lo “local” en un Estado Federal. Debemos ser más acuciosos en la valoración de la auténtica politización de nuestra vida moderna.