Opinión

Un cambio, presidente

La lucha contra las drogas debe tener un punto de inflexión tras los sucesos de Iguala, donde quedó al descubierto el principal peligro para la sociedad: la colusión de narcotraficantes con gobernantes.

No podemos seguir encontrando fosas con centenas, o miles de cadáveres de ciudadanos mexicanos asesinados y enterrados de manera anónima, en una lucha que será inútil mientras el poder político esté asociado con bandas criminales.

¿Cuántos muertos llevamos desde el inicio de la lucha militar contra el narcotráfico, en 2007? ¿Ochenta mil, cien mil, ciento veinte mil personas muertas? ¿O son 200 mil?

No lo sabemos y tal vez no lo sabremos nunca, porque en las fosas clandestinas no se extienden actas de defunción.

Algo está funcionando mal desde hace tiempo para tener como resultado que las muertes siguen y los cárteles se multiplican. El tumor está en la simbiosis entre gobernadores y presidentes municipales con grupos dedicados al narcotráfico.

Algo se tiene que hacer. Pero algo diferente, porque los muertos se acumulan y la situación no mejora.

La explosión de violencia en el país viene desde 2007, año en el que se declaró la guerra a los grupos delictivos ligados al narcotráfico, que controlaban amplias franjas territoriales.

El combate empezó en Michoacán, y al final del sexenio de Felipe Calderón ese estado fue entregado en peores condiciones que como lo encontraron seis años antes.

No fue por falta de voluntad del entonces presidente, sino porque el gobierno estatal se encontraba infiltrado, y en buena medida copado, por cárteles de las drogas.

Lo mismo sucede en Guerrero, donde hoy lamentamos la desaparición de 43 normalistas, a manos de un gobierno municipal que los entregó a grupos criminales para desaparecerlos.

Nada bueno podía ocurrir si el ayuntamiento de Iguala estaba en manos del cártel Guerreros Unidos, cuya encargada de finanzas era la esposa del alcalde, y ésta era a su vez amante del gobernador según declaración ministerial del jefe del cártel, Sidronio Casarrubias.

¿Qué se podía esperar si el gobernador del estado, Ángel Aguirre, recibió dinero del cártel Guerreros Unidos para financiar su campaña política?

La simbiosis entre grupos criminales y autoridades políticas es la que desangra al país.

Y no es solo Guerrero. Ahí está el caso de Michoacán, donde el hijo del gobernador Fausto Vallejo estaba en tratos con uno de los jefes del cártel de Los Templarios.

Y el gobernador interino de Michoacán está preso en una cárcel de alta seguridad por sus nexos con ese cártel. Lo mismo que media docena de presidentes municipales.

Desde que entró el comisionado Alfredo Castillo a Michoacán la criminalidad bajó, y no fue por el solo hecho de su llegada, sino porque metió a la cárcel a políticos y a delincuentes. Parejo.

En Tamaulipas hay una olla exprés. La colusión entre políticos y delincuentes va a hacer inviable cualquier solución que no pase por la extirpación de ese cáncer, pronto y sin anestesia.

Ahí en Tamaulipas no pasó nada luego del hallazgo de casi un centenar de migrantes muertos y enterrados anónimamente en el municipio de San Fernando. Y ahora tenemos que lamentar más muertes y más desaparecidos.

Hay que cambiar ya. El poder político en manos de criminales es garantía segura de matanzas impunes.

Twitter: @PabloHiriart