Opinión

Un año de Oposición de marcas; ni bueno ni malo... 

13 septiembre 2017 5:0
 
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Marca registrada

A un año de distancia del inicio de operaciones de la reforma que permite que el propietario de una marca registrada se oponga a nuevas solicitudes que puedan resultar confundibles, y que apuntaba para modificar sustancialmente el escenario de tramitación de marcas en nuestro país, el balance indica que el cambio hasta ahora ha sido irrelevante.

Esto significa que los temores de los que veíamos en el nuevo modelo la posibilidad de generar un importante rezago, que podía demorar en meses la concesión de un registro no se han presentado, pero vale decir que los ansiados beneficios de una depuración preventiva de solicitudes improcedentes, tampoco ha acontecido. En suma, seguimos en las mismas.

De hecho, el bajo número de oposiciones presentadas durante este año de vida del mecanismo ante el IMPI, revela su escasa repercusión en la gestión general de los expedientes en trámite. Las más de mil oposiciones corresponderían al 1% del total de solicitudes que son presentadas al año ante el Instituto, lo que es comparativamente muy bajo al lado de lo que sucede en otros países.

El uso reducido del sistema puede obedecer, por una parte, a la falta de conocimiento de su existencia por un grupo importante de usuarios que no participan del apoyo de asesores especializados. Por lo tanto, el beneficio de la duda debe reconocer la posibilidad de que la oposición tenga un crecimiento sostenido en los próximos años. Otros supuestos menos optimistas apuntan, el primero de ellos, a lo inútil de la oposición, que no acaba de aportar a quien la promueve ventajas tangibles a las que no se pueda acceder por otras vías; la segunda hipótesis es que el costo del trámite, superior a 4mil pesos, ha ahuyentado a muchos de los posibles opositores, que no conciben que la tarifa de este incidente sea superior a la que existe para la obtención del propio registro de una marca.

La tasa definida para este servicio claramente se alejó del sistema de proporcionalidad que implica que los derechos a cubrir por un servicio del Estado sean correspondientes a los costos involucrados en proveerlo. En este caso asumo que la tarifa no tuvo ese propósito, sino la clara intención de operar como filtro para desincentivar el uso del sistema de oposición, reservándolo para casos de extrema necesidad.

Esta conclusión, entonces, resulta incongruente con la pretensión de que las Pymes mexicanas se acerquen a los sistemas de protección registral de Propiedad Intelectual, como una alternativa inmediata y robusta para constituir ventajas competitivas sustentables. En ese contexto, y dado que el IMPI genera ingresos excedentes muy superiores a sus gastos, un punto de ajuste al sistema de oposición para su expansión y uso, tendría que traducirse en una reducción significativa de su costo.

Correo: mjalife@jcip.mx

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