Opinión

Un abogado para México

Hace más de un año tuve la oportunidad de participar en el grupo que propuso algunas de las ideas que se reflejarían en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Entre las propuestas que me permití acercar a los redactores del texto, y que por lo que veo no tuvo eco como para ser recuperada, es la de dotar al país de una instancia, con patrimonio y estructura propios, para dar seguimiento al registro y la defensa de los derechos de propiedad intelectual que son del país, o que pertenecen a sus entidades paraestatales. La idea no es novedosa, otros países cuentan con oficinas de este tipo, normalmente insertadas como unidades administrativas dentro del organigrama de sus institutos de propiedad intelectual.

Más allá del terreno anecdótico, de casos como el de la marca “Pemex” que fue registrada en Estados Unidos para operar gasolineras en ese país por un ciudadano venezolano, o de las muchas violaciones de que la denominación de origen Tequila ha sido objeto en Europa, existe una red compleja de derechos que deberían estar siendo cuidados bajo una serie de reglas y políticas que están lejos de existir.

La primera pregunta en este sentido tiene que ser la del tipo de propiedad intelectual que debe nuestro país proteger. Un primer grupo está conformado por la propia marca “México”, que no por ser designación geográfica goza de protección automática. Los valores de nuestro país y de muchos de sus productos deben ser protegidos a través de registros de marca que deben ser promovidos, pagados, concedidos y mantenidos por “alguien”. Un segundo grupo lo integran las llamadas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que si bien es cierto contamos hasta el momento sólo con catorce con decreto de protección, existe la opción de que muchas de ellas sean protegidas en diversos países bajo el régimen de marcas. A pesar de que esa tarea podría ser desarrollada por cada uno de los Consejos Reguladores, la realidad es que suelen no contar ni con los recursos ni con la infraestructura para hacerlo, y hay que recordarlo, es el Estado mexicano el titular de cada denominación de origen protegida.

En la misma línea debe pensarse en las marcas y las invenciones de cada dependencia oficial, trátese de paraestatales o de centros de investigación. La experiencia de países como Corea demuestra que apoyar a este tipo de entidades con las gestiones respectivas en el extranjero es una facilidad que incrementa sensiblemente los niveles de eficiencia para la explotación futura de los derechos. En la parte de derechos de autor, las tareas se multiplican exponencialmente ante el enorme acervo cultural que como país poseemos. Las representaciones del calendario del sol, o de Chac mool, o de la máscara del rey Pakal han sido sobreexplotadas en el mundo sin que nuestro país se inmute ante las imitaciones. La ley que debería proteger nuestra artesanía y cultura prehispánica se denomina “Ley de Expresiones del Folclore”, por si a algún diputado le interesa acercarse al tema.

Finalmente, otro tipo de tareas que deben cubrirse son las relacionadas a nombres de dominio relativos a ciudades y lugares turísticos reconocidos. Nada justifica que un extranjero sea titular de nombres de dominio como “cancun.com”, “presidenciademéxico.com” o “tequila.com”; sin embargo, los casos abundan y nadie parece echar un lazo a este tipo de posesiones. Por cierto, ¿ya probó hacer la prueba con www.impi.com?

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