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Cámara de Diputados

La competencia ubica a los adversarios en sus esquinas. Los rivales se alejan del centro. Sus énfasis son las diferencias. Las condiciones de diálogo político se alternan notablemente cuando el árbitro marca el inicio del partido. Los partidos, actores fundamentales de la decisión democrática, se ocupan de sus procesos; la crítica entre adversarios se intensifica; los incentivos a la cooperación entre diferentes se reduce sensiblemente. Los ciclos de la democracia son así: tiempos útiles y aptos para acordar; episodios delimitados para el contraste.

Los partidos representados en el Congreso tendrán que responder en los próximos días a una serie de interrogantes: ¿habrá disposición para concretar acuerdos legislativos o se van ya a la campaña electoral de 2018? ¿Atenderemos únicamente la rutina obligatoria del Paquete Económico o hay espacio para resolver otras cuestiones? ¿De qué profundidad será la agenda que impulsaremos y pactaremos?

Además de un conjunto de nombramientos vitales para nuestra institucionalidad y para la viabilidad de nuevas soluciones, como las titularidades del Banco de México, de la Auditoría Superior de la Federación y de los nuevos tribunales de sanción a la corrupción, hay en el cajón de las comisiones, pendientes que a lo largo de los últimos cinco años han madurado en términos políticos y técnicos y que pueden ser resueltos en el corto plazo. Así funcionan también los ciclos parlamentarios: conforme avanza el tiempo y llegan los finales de legislatura, la productividad suele incrementarse. El paso del tiempo es una variable que permite que los legisladores profundicen en el conocimiento de las propuestas legislativas, acerquen e intercambien posiciones, razonan alternativas para encontrarse a mitad del pasillo. Las pretensiones sobre el futuro inmediato de los parlamentarios introducen incentivos para acreditar, ante los ciudadanos, resultados tangibles.

Pero, también, las antípodas de un mandato gubernativo y legislativo y, sobre todo, la proximidad de una nueva contienda electoral, altera la estructura de costos que enfrentan los políticos y los partidos. Negarse a apoyar una determinada causa o agenda, obstruir decisiones que gocen de cierta legitimidad social, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso electoral subsecuente. Bajo esa lógica, los cambios de ciclos crean nuevas condiciones de visibilidad y exigencia para crear mayorías o vencer resistencias. El temor al castigo electoral es un lubricante de la negociación y de la decisión política, en contextos de pluralismo competitivo. Es un instrumento que sirve por igual al partido en el gobierno y a la oposición: cercar a sus adversarios en torno de agendas; participar en el sí o pagar por el no; cooperar o estorbar lo socialmente útil.

Una reforma en particular podría avanzar en la calistenia del proceso electoral de 2018: la reducción del financiamiento de los partidos políticos. El conflicto de interés que surge de que los directamente interesados resuelvan las reglas a las que se someten y los beneficios de los que gozan, se disuelve con el ácido de las consecuencias electorales. A unas cuantas semanas del inicio del proceso electoral, hay una buena oportunidad para trazar una línea clara entre los que están a favor de la relegitimación del sistema de partidos o los que están por otra década de expoliación del dinero público; entre los que están a favor de reducir la fórmula de financiamiento y eliminar la doble ventanilla de ingresos para los partidos, federal y local, que le cuesta a los mexicanos poco más de 12 mil millones de pesos. Las iniciativas están presentadas. Hagamos esa pequeña contribución a la estabilidad democrática del país con un poco de sensibilidad política o, por lo menos, con sentido de sobrevivencia.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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