Opinión

Ultimátum


 
 
PAN y PRD lanzaron un ultimátum al gobierno y su partido el domingo pasado: si quieren las reformas fiscal y energética, tendrán que dar antes a cambio una reforma electoral, otra del régimen político y una más para darle al Distrito Federal estatus de entidad federativa. Piden además resolver las quejas y demandas del proceso electoral en contra de gobernadores y miembros del PRI y asignar responsabilidades a quien resulte culpable de haber desviado recursos públicos.
 
Cumplir el ultimátum es muy difícil por tres razones. Primero, porque hay sólo 6 semanas para ello, ya que la exigencia del PAN y PRD dice que las reformas electoral, política y del D.F. deberán ser aprobadas en un periodo extraordinario antes de que inicie el nuevo ordinario en septiembre. Eso significa que las iniciativas deberían estar listas ya para empezar su discusión en comisiones. Pero las cámaras tienen que resolver antes otros temas: las reformas secundarias en educación, telecomunicaciones y competencia económica; la reforma financiera que incluye cambios a 34 ordenamientos jurídicos; las reformas pendientes en transparencia, endeudamiento de estados y municipios, código penal único y comisión anticorrupción. Asimismo, antes del 11 de agosto debe aprobarse la legislación secundaria para regular las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente.
 
Tan solo ésta última regulación requiere de una profunda discusión sin que a la fecha se conozca alguna propuesta.
 
El segundo obstáculo para cumplir el ultimátum del PAN y PRD es la poca claridad de los objetivos de una reforma electoral. La única idea que se ha discutido someramente en la opinión pública es la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y, desafortunadamente, se trata de una mala idea que ya ha tenido el rechazo de algunos especialistas. En el caso de la reforma al régimen político, la variedad de temas es enorme: puede incluir desde muy buenas medidas como la reelección legislativa o la segunda vuelta hasta temas controvertidos como que el Congreso apruebe el Plan Nacional de Desarrollo o que ratifique el gabinete (formas semi parlamentarias de gobierno que me parecen un experimento riesgoso).
 
 
La tercera razón que dificulta cumplir el ultimátum es de atribuciones: el gobierno federal no puede resolver denuncias electorales que se hayan presentado en elecciones locales, porque la mayoría se hace como queja o impugnación ante institutos y tribunales electorales locales, o como denuncia ante fiscalías de delitos electorales. En todos ellos se trata de autoridades independientes del gobierno federal.
 
 
Asimismo, a pesar de que hay muchas acusaciones de fondo sobre irregularidades en los comicios, las autoridades tardarán semanas o hasta meses en resolver y en algunos casos simplemente no se contará con evidencia o pruebas, del tal forma que muchas prácticas de desvío de recursos o de clientelismo electoral quedarán impunes.
 
Los presidentes del PRD y PAN han hecho una apuesta alta: exigir una transformación del régimen político y de las reglas electorales en pocas semanas sin siquiera una propuesta sobre la mesa.
 
 
Al hacerlo aprovechan que el gobierno requiere las reformas energética y fiscal y está dispuesto a negociar, pero ponen al Congreso en una extrema vulnerabilidad porque corre el riesgo de legislar a la carrera sin las condiciones materiales y humanas para hacerlo de forma responsable. Es cierto que por años se han presentado iniciativas en materia política y se han discutido las ventajas y desventajas de muchas propuestas, pero en el caso electoral hay nuevas preocupaciones y en el político nuevas demandas.
 
 
El ultimátum de PAN y PRD es creíble porque puede servir a las tácticas de sobrevivencia de sus presidentes. Frente a las movilizaciones que López Obrador hará para impedir la reforma energética (cualquiera que ésta sea) y los conflictos internos que puede haber en el PRD, así como en el PAN como resultado de la renovación de su dirigencia a fin de año, los dirigentes de ambos partidos pueden dejar sólo al gobierno en los temas energético y fiscal. Podrán aprovechar la justificación de que no se materializaron las reformas que ellos exigen o simplemente que no se castigó a los presuntos delincuentes electorales que, según ellos, cometieron 'trapacerías' en las elecciones del 7 de julio.
 
 
El gobierno de Peña Nieto ha dado a sus opositores reformas que exigían como la educativa o la de telecomunicaciones, con la expectativa de reciprocidad de apoyo en la energética y fiscal. El domingo pasado PRD y PAN exigieron tres nuevas reformas de enorme magnitud sin que exista el tiempo apropiado para procesarlas. Si se diseñan con cuidado pueden ser reformas muy benéficas para el futuro de México; pero si se hace a la carrera, pueden resultar lesivas para la democracia mexicana y entonces es mejor que no ocurra nada (al menos por ahora).
 
 
 
Twitter: @LCUgalde