Opinión

Turbulenta transición

  
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En Veracruz, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontró dos fosas clandestinas en La Pochota, el miércoles. (Cuartoscuro)

Hace poco más de un mes ya comentaba en este espacio sobre el difícil panorama de seguridad en Veracruz, ocasionado por los ajustes de cuentas entre organizaciones criminales ante el inminente fin de la administración de Javier Duarte. Como describí en “Violencia en Veracruz, ¿el fin de un pacto?”, numerosas fuentes sugieren la existencia de vínculos con el crimen organizado por parte de los gobiernos de Javier Duarte y de Fidel Herrera (gobernador de Veracruz de 2004 a 2010, y actual Cónsul en Barcelona).

Tal vez la más elocuente sea una entrevista publicada en junio pasado por la revista Vice a un jefe de sicarios de Los Zetas. De acuerdo con dicha entrevista, fue en tiempos de Fidel Herrera que el gobierno del estado solapó que Los Zetas se instalaran en Veracruz. Sin embargo, durante el sexenio de Javier Duarte hubo un vuelco y las autoridades estatales decidieron favorecer al Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG). La llegada de dicho grupo generó una breve crisis de violencia en el Puerto de Veracruz a mediados de 2011. Fue en ese entonces que los Mata Zetas –otro nombre con que se conoce a las células del CJNG que operan en Veracruz– arrojaron 49 cadáveres en una transitada glorieta de Boca del Río. Desafortunadamente, en las últimas semanas han continuado la inestabilidad y el escalamiento de violencia en la entidad.

El pasado 4 de agosto renunció el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, después de que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, exhibiera su vinculación con una veintena de empresas y de que se señalara que es dueño de cinco inmuebles en Houston, por un valor total de 2.4 millones de dólares. A los pocos días de la salida de Bermúdez, la tarde del viernes 19 de agosto, un comando armado irrumpió en varios poblados del municipio de Alto Lucero, saqueó comercios y asesinó a un total de ocho personas. En ese mismo municipio –predominantemente rural– cinco presuntos delincuentes habían sido abatidos en mayo de 2014 por la Policía estatal. De acuerdo con testimonios de habitantes del municipio, los agresores serían sicarios de Los Zetas, y su incursión en Alto Lucero no parece tener otra motivación que la de generar miedo en la comunidad.

A los hechos de Alto Lucero siguió el macabro hallazgo en el Puerto de Veracruz de 52 fosas clandestinas con un número indeterminado de restos humanos. Las fosas clandestinas parecerían confirmar que, después del grotesco despliegue de cuerpos en Boca del Río, continuó el exterminio masivo por parte del CJNG y sus cómplices, aunque de forma más discreta. Siguiendo esta narrativa, la actual crisis de violencia se explicaría como un intento de Los Zetas para recuperar posiciones en Veracruz.

No es éste el espacio para emitir juicios sobre los posibles vínculos con el crimen organizado del gobierno de Duarte. Sin embargo, es claro que si en años recientes Veracruz no fue una entidad particularmente violenta, no es porque el crimen organizado no tuviera una fuerte presencia en la entidad. Por el contrario, existían arreglos que permitían a los criminales operar con relativa impunidad. El propio exsecretario Bermúdez Zurita reconoció en una comparecencia ante el Congreso estatal que las corporaciones municipales no necesariamente respondían a los alcaldes, sino a “otro jefe”. Al respecto, vale la pena recordar que Michoacán tampoco se situó entre los estados más violentos del país en los tiempos de mayor hegemonía de Los Caballeros Templarios (los mayores escalamientos de la violencia en Michoacán se observaron con el surgimiento de grupos de autodefensa a partir de 2012).

La capacidad que el gobierno de Duarte tuvo para apaciguar la violencia criminal se terminó durante los meses del reciente proceso electoral, cuando se comenzaron a ventilar en los medios de comunicación serias acusaciones de corrupción sobre el mandatario y sus colaboradores. Con el anuncio del titular del SAT de que las empresas de Javier Duarte son objeto de auditorías, el Ejecutivo federal parece mandar el mensaje de que no cobijará al gobernador y a su equipo una vez que su periodo concluya el próximo 1 de diciembre. La derrota del PRI en las elecciones y la salida de Bermúdez Zurita de la SSP terminaron por socavar la autoridad del gobierno estatal. Desde la lógica de las organizaciones criminales –donde el que pega primero pega dos veces– la situación del gobernador saliente y de su equipo son una señal para intentar incrementar su presencia y contar con una mejor posición desde la cual intimidar o corromper a la administración entrante.

Desafortunadamente todavía faltan más de tres meses para el relevo, y la experiencia de otros estados como Guerrero y Michoacán sugiere que las transiciones prolongadas tienen un alto costo en materia de seguridad. Esperemos que entre los tomadores de decisiones en Xalapa y en la Ciudad de México haya suficiente visión de Estado, y que Miguel Ángel Yunes no termine por asumir la gubernatura de una zona de desastre.

Twitter: @laloguerrero

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