Opinión

Tribunal electoral 

27 noviembre 2017 5:0
 
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Tribunal

Con el proceso electoral de frente, la vorágine partidista, definición de candidatos, cierre de sexenio y los distintos males que nos aquejan, la indignación ciudadana suele dirigirse a responsables que ya nos parecen cotidianos, pero que sin embargo suele desconocerse lo que hacen, cómo y para qué lo llevan a cabo.

Entre los villanos favoritos están las autoridades electorales. De ellas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien tiene la última palabra, y por tanto sus decisiones suelen generar críticas por temas que se sucedieron tras el cúmulo de diversos hechos y no necesariamente sobre su actuar. Esto acaba de suceder con la elección de gobernador de Coahuila, en el que los derrotados pedían la nulidad por rebase del tope de gastos de campaña, y sin embargo el Tribunal demostró que el cálculo del INE sobre fiscalización no fue correcto. El juicio mediático: el INE se atrevió a castigar a los malvados Moreira y el Tribunal echó para atrás tal acto de valentía. Ni uno ni otro, habría que revisar la sentencia para revisar lo considerado.

Pues bien, en el informe que rindieron los magistrados de la Sala Superior frente a los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura, su presidenta, la magistrada Janine Otalora, dio cuenta con los ejes que han regido el actuar del primer año de las señoras y señores magistrados del popularmente mal llamado Trife.

De entrada hay que señalar que la función jurisdiccional es ingrata, pues el 50% de quienes asisten a juicio no están de acuerdo con la resolución (los que pierden); nada es más subjetivo que la política, de tal suerte que el mismo actor o partido que celebra y alaba al justo Tribunal que le concedió razón, en semanas puede criticarlo como el más duro fustigador.

Se suele criticar al Tribunal por casos con mayor impacto mediático y sin tomar en cuenta el enorme número de resoluciones de los que no hay mención, mismos que permiten presumir una coincidencia pacífica de los actores (partidos, INE, tribunales electorales de los estados, medios de comunicación, servidores públicos, etc.) sobre el buen hacer de los jueces. ¿Imaginaba usted, por ejemplo, que los magistrados del TEPJF, en su primer año de gestión, resolvieron 9,375 asuntos?

Más datos: la complejidad que vivimos reclama la actuación del Tribunal en mayor proporción que en procesos anteriores: en 2015-2016 hubo 22 elecciones que generaron 10,956 juicios; mientras que en 2016-2017, con tan solo 4 elecciones, se resolvieron 9,375 ¿De cuáles de ellos tiene usted memoria?

El 95% de las decisiones fueron tomadas por unanimidad, lo que si bien no es un valor en sí mismo, sí ofrece certeza y previsibilidad del sentido que van tomando las resoluciones. Además, el tiempo promedio de resolución es de 17 días, ¡17 días! ¿Ha sido parte en algún juicio? ¿Conoce de otro tribunal que maneje esos tiempos?

Dados los desastres naturales del año que termina, el Tribunal Electoral devolvió 350 millones de pesos a la Tesorería; es decir, hizo más con menos. Impartió 212 cursos de capacitación externa a 37,983 alumnos; publicó 55 estudios nuevos; respondió 1,046 solicitudes de información; facilitó el acceso a la justicia a través de la tecnología (pueden verse sus sesiones en vivo, por televisión, o después, por Internet; lo mismo que consultar sus sentencias en línea a 24 horas de haberse fallado).

Todos los juicios entrañan decisiones complejas: la denuncia de derechos violados o principios trastocados frente a quienes aseguran tener la razón jurídica. Cada conflicto jurisdiccional termina con alguien que logró su pretensión y otro que no la obtuvo. En materia política esto exacerba más los ánimos y el debate, pero ello, aunque normal, no siempre se corresponde con la verdad. Hay que leer las sentencias para tener un panorama completo, entender los errores de la autoridad a la que se juzga y asimilar las razones del derecho.

En la presentación escrita del informe, los magistrados comienzan su texto con esta afortunada sentencia: “Para que haya democracia hace falta más que la celebración periódica de elecciones libres, pero sin estas es imposible siquiera hablar de un Estado de derecho, y no hay Estado de derecho ni democracia viable sin la existencia de, al menos, controles jurisdiccionales para la defensa de la Constitución y de los derechos humanos que en la misma se enarbolan”. Es verdad que vivimos graves momentos, que las instituciones padecen un desprestigio acumulado, que la ciudadanía está cansada y no cree a la mayoría de los actores públicos; por eso importa tanto que se sepa: nuestra democracia está a buen resguardo con el Tribunal Electoral.

Twitter: @salvadoronava

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