Opinión

Tres retos políticos de la reforma energética


 
Después de la aprobación de la reforma energética, hay tres retos políticos: evitar desafíos a la gobernabilidad del país, dar respuesta política a la demanda de una consulta petrolera que no es procedente legalmente y construir un diseño normativo y operativo que garantice integridad y prevenga la corrupción.
 
 
Hace 20 años se aprobó otro cambio transformador en México: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Apenas empezaba la celebración cuando el primer día de 1994 surgió el levantamiento zapatista como una reacción a esa onda reformista y también de siglos de marginación de la población indígena. Obviamente NAFTA no había causado esos males, pero la insurrección era una alerta y símbolo de que México corría por dos avenidas: la del progreso material y la globalización, y la de las aldeas locales olvidadas por el modelo de desarrollo de las décadas previas.
 
Veinte años después, muchos grupos marginados y radicales pueden encontrar la justificación ideológica para lanzar protestas, incluso violentas, que cuestionen la celebración reformista del Pacto por México. Ojalá no ocurra, pero la coyuntura es propicia para “justificar” acciones rebeldes fuera de la ley. ¿Qué otro simbolismo habrá en los próximos años que sea tan poderoso para movilizar al pueblo como lo es “el robo del petróleo y la traición a la patria”? El primer reto es por tanto contener esos riesgos y evitar que erupciones regionales generasen temor en potenciales inversionistas.
 
 
El segundo reto político es procesar una demanda de consulta popular que no tiene cabida en el marco legal mexicano sin generar aún más frustración y enojo de diversos grupos sociales. El PRD en voz de su presidente ha alentado la expectativa de que en 2015 se “echará abajo la reforma privatizadora del petróleo”. Pero la semana pasada 431 diputados (85 de ellos miembros del PRD) aprobaron una iniciativa de Ley Federal de Consulta Popular que no contempla consultas para cambios constitucionales ni tampoco que tengan carácter revocatorio. No obstante, se está engañando a muchos ciudadanos que genuinamente quieren expresar su rechazo mediante su voto. El problema no es legal sino político: en 2015 cuando la Suprema Corte determine que no es procedente la consulta, muchos grupos echarán la culpa a las instituciones al servicio de “la mafia del poder”, sin comprender que el problema deriva del diseño legal de un tipo de consulta de alcance limitado, aprobada y celebrada por todos los partidos.
 
Pero acaso el mayor reto para construir la legitimidad de la nueva reforma energética gira entorno a evitar la corrupción y la concentración de los beneficios en pocas manos. Detrás del rechazo a la reforma hay una mezcla de argumentos retóricos, pero siempre aparece el tema de la corrupción de reformas económicas del pasado: “Si ya vimos el abuso con las privatizaciones, ¿qué garantiza que no sea igual ahora?” Si las reformas de los años ochenta y noventa hubieran sido más pulcras, transparentes y sus beneficios percibidos como parejos para toda la población, la legitimidad de esta reforma sería mayor.
 
La semana pasada Enrique Krauze escribió que la corrupción que acompañó al último boom petrolero de los años setenta da pie a ser escéptico, ya que puede ocurrir lo mismo. Recordemos que apenas en 1978 el presidente José López Portillo dijo con tono soberbio y grandilocuente que el problema ahora era “administrar la abundancia”, pero pocos años después desembocó en una crisis económica de enorme magnitud.
 
Dice Krauze: “Dado el pasado desempeño de los Gobiernos, es legítimo permanecer escéptico”. Yo opino lo mismo. Creo en la pertinencia y en la lógica económica de la reforma energética, pero conozco los incentivos perversos que puede generar un boom económico de capitales privados en países con instituciones regulatorias débiles y un pasado y presente de enorme corrupción.
 
Por eso, construir políticas de integridad y de combate a la corrupción, como lo mandata el artículo transitorio, es una prioridad de la nueva reforma. El PRD podría hacerle un gran bien a México si aboca su energía y talento a garantizar que se construyan regulaciones para evitar el abuso y garantizar la transparencia del proceso de reforma. No significaría abdicar de su rechazo a la inversión privada, sino justamente lo contrario: luchar para que ella no derive en mayor desigualdad y corrupción.