Opinión

Tres Marías, espías en conflicto

En agosto de 2012, un funcionario del gobierno de Estados Unidos declaró que tenían evidencia circunstancial de que los policías federales que habían disparado contra un vehículo blindado de su embajada en México, cerca de Tres Marías, trabajaban para el crimen organizado y habían atentado directamente contra ellos. La afirmación detonó un escándalo que en Los Pinos decidieron encapsular en el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, convertido para entonces en el fusible del presidente Felipe Calderón. La verdad, dijo siempre García Luna, era distinta.

Sí era cierto que agentes de la CIA habían sido atacados por la Policía Federal, pero los hechos eran menos transparentes. Incluso, para la propia embajada. Cuando uno de los agentes en la camioneta se comunicó a la estación de la CIA en el quinto piso de la embajada sobre Paseo de la Reforma, para decirle que estaban bajo ataque, a quien primero avisó el jefe fue a García Luna. No sabían quiénes les disparaban, pero querían matarlos. García Luna despachó unidades especiales desde Xochimilco, y cuando llegaron al lugar de los hechos, todo era confusión.

Casi dos años después, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que, en efecto, el ataque a tiros a la camioneta que dejó heridos a dos oficiales de la CIA, fue un error, y que tras investigar el caso no se encontraron evidencias de que los policías actuaran por órdenes de algún grupo del crimen organizado. Catorce policías que fueron detenidos, sólo fueron acusados por exceso de fuerza. Pero los testimonios que la PGR filtró a la prensa en aquél entonces, acusaban de criminales a los agentes de García Luna. Inclusive, el capitán de la Marina mexicana que manejaba el vehículo, había dicho –según la declaración– que los habían atacado desde los árboles.

La confirmación de Rubido sobre la versión de García Luna aclara la parte final del episodio, pero no explica por qué sucedió. Nadie lo dirá, porque revelarlo sería admitir el grado de involucramiento que los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron durante la administración de Calderón. En este espacio se publicó el 29 de agosto de 2012 que los agentes eran parte de un grupo de asesores que en coordinación con la DEA, la CIA y el Comando Norte, capacitaban a las fuerzas especiales de la Armada mexicana en 55 bases secretas en México. Una de ellas estaba en el Cerro del Capulín, en el municipio morelense de Xalatlaco, cerca de donde fue el incidente en la zona de Tres Marías, donde los entrenaban en instalación de radares. En otras daban cursos contra guerrilla, narcotraficantes y terroristas.

Los agentes habían llegado a México ilegalmente, por lo que sus nombres no fueron registrados por las autoridades mexicanas, ni en la embajada estadounidense estaban plenamente al tanto de ellos. Cuando se dio el enfrentamiento, los estadounidenses sí pensaron que era un ataque dirigido a sus agentes. Aquella mañana del incidente hubo reuniones de emergencia en todas las áreas de inteligencia de la embajada. La información que recibieron de sus fuentes era que los atacantes habían disparado al vehículo blindado con placas diplomáticas después de una persecución. Uno de los automóviles agresores se emparejó a la camioneta, les dijeron, y realizó una identificación ocular antes de iniciar el ataque.

La información en la Secretaría de Seguridad Pública era otra. Los policías investigaban el secuestro de un funcionario federal en esa zona –no comunicaron a otras unidades que estaban en esa área, que fue parte de la confusión–, y cuando vieron el vehículo en una terracería, le hicieron el alto. El vehículo donde iban los agentes de la CIA no se detuvo sino que embistió a los federales, que empezaron a perseguirlos y a disparar. Según los estadounidenses, sólo iban ellos. Según el parte de los policías, se toparon con cuatro vehículos a los que se les hizo el alto, y que al hacer caso omiso de él, los siguió hasta que llegaron a la carretera. Ahí, según el parte, siguieron al vehículo diplomático mientras que los otros tres tomaron con rumbo de la ciudad de México y desaparecieron. El parte registró que tras frenar la camioneta y ver que estaban heridos los agentes, los llevaron al hospital para que los atendieran. La inconsistencia de esa acción policial –en lugar de rematarlos, como habría sido normal de haber sido un ataque–, nunca se explicó.

A los estadounidenses les urgía que no se supiera qué estaban haciendo en esa zona. A la Marina mexicana, menos. La PGR envió a agentes ministeriales para hablar con los agentes en el hospital, pero nunca les tomó la declaración. Más aún, los llevó al aeropuerto donde tomaron un avión privado que los sacó de México sin que quedara registro de su paso por el país, ni de lo que hacían. Nunca se volvió a hablar de las bases secretas en territorio mexicano, ni de agentes estadounidenses que violaban leyes mexicanas. Era secreto de Estado. El presidente Calderón toleró que, para ocultar qué tanto le había abierto la puerta a los servicios de inteligencia estadounidenses, masacraran a García Luna en los medios. Este es uno de los episodios aún secretos de la guerra de Calderón, un periodo muy oscuro aún por cuanto a la cooperación con Estados Unidos.

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