Opinión

Tres comentarios

 
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Andrés Manuel López Obrador

1. Ayer se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Aunque en el evento oficial todos los participantes aplaudieron la nueva legislación, esta fue denostada en las últimas semanas por algunos legisladores, líderes políticos y activistas sociales. Tan importante es cuestionar a los partidos cuando se resisten al cambio, como lo es celebrar cuando promueven, toleran o simplemente no bloquean la aprobación de legislación positiva para el país, como es el caso del SNA. Que se dio la espalda a la iniciativa ciudadana 3de3 es parcialmente cierto o falso. Esa iniciativa era una propuesta de ley de responsabilidades de servidores públicos y fue incluida casi en su totalidad. La propuesta original de la sociedad civil no contemplaba la publicidad total de las declaraciones de servidores públicos y así quedó en la ley aprobada.

La negociación política del SNA es un éxito de incidencia de la sociedad civil en la hechura de las políticas públicas. No festejarlo así es un error porque desalienta la participación de la gente y porque siembra dudas en los interlocutores del sector político: para qué oír a la sociedad civil si, haga lo que haga, seré culpable al final del camino. El senador Roberto Gil hizo una crítica certera en el evento de ayer y argumentó que es necesario reivindicar lo que se ha alcanzado, “legitimar con nuestro testimonio la negociación, evitar ser víctimas de nuestro propio éxito”.

La renuncia de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, es un mensaje correcto. Aunque no estaba obligado porque la ratificación de ese cargo por parte del Senado aplicaría hasta que se nombrara a un nuevo titular –no retroactividad– es una decisión afortunada que da al presidente la oportunidad de construir un nombramiento de consenso y al secretario saliente un aura de dignidad personal.

Finalmente la nota más simbólica fue la disculpa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el escándalo de la ‘casa blanca’ y aceptar que actuó de manera incorrecta y que esa conducta afectó la investidura presidencial y la confianza en el gobierno.

2. Nuevos magistrados electorales. La semana pasada concluyó la inscripción de quienes aspiran a ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque se trata de un proceso de la mayor importancia política, pasó desapercibido en los medios de comunicación. Quienes sean elegidos en octubre por el Senado serán responsables de calificar la elección presidencial de 2018 (y algunos de ellos también la de 2024), además de administrar un sistema de justicia electoral saturado de miles de litigios que aumentan año con año.

López Obrador, uno de los principales contendientes de 2018, dijo la semana pasada que no confía en los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): “Ellos no representan a la democracia”. Según él “todos los candidatos del PRI y del PAN a gobernador rebasaron los topes de campaña (…) y los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda”. No es nuevo. Lo ha repetido desde la década pasada. También lo ha dicho de los actuales magistrados electorales. Difícilmente dará su voto de confianza a los nuevos, sean quienes sean. Pero si los senadores, responsables de la selección, cuidan la transparencia del proceso, organizan comparecencias con un debate a fondo de los desafíos del sistema de justicia electoral y logran un perfil colectivo idóneo, los nuevos magistrados serán una fuente de fortaleza institucional.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, hizo un llamado a la sociedad civil para vigilar la integración de las ternas que prepara la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para elegir a los siete nuevos integrantes del Tribunal Electoral. Grupos de la sociedad civil han dado seguimiento puntual a las últimas designaciones de ministros de la Corte, escudriñando a los candidatos y señalando los riesgos de tal o cual perfil. Por ejemplo, en marzo de 2015, fueron recabadas y entregadas 20 mil firmas para impedir que Eduardo Medina Mora fuera designado ministro de la Corte. Este proceso de selección de los máximos jueces electorales es también muy importante y requiere la participación de la academia y observadores externos.

3. Cambio del discurso de AMLO: Alentador que se retraiga de su petición de derogar la reforma educativa, pero preocupante los bandazos. Antes de los comicios del pasado 5 de junio dijo que la reforma educativa era mala porque buscaba “sobajar a los maestros para terminar de privatizar la educación” y prometió que “cuando triunfe Morena en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz, en Zacatecas (…) se va a cancelar la mal llamada reforma educativa”. Ahora dice que “pedir que se derogue es la claudicación del gobierno y no nos conviene a nadie”.

¿Por qué ese cambio repentino y positivo? ¿Convicción u oportunismo?

El presidente asegura que la reforma no se modifica, sino sólo algunos aspectos laborales: “no significa siquiera hacer cambio legal o modificar a lo que hoy nos mandata la ley, sino que está dentro del marco legal.

Son otros aspectos que nada tienen que ver con el sentido que tiene la reforma”. Sin embargo, otras autoridades y legisladores han dicho que puede revisarse la legislación para mejorar las evaluaciones. Si se abre el piso del Congreso para debatir el tema, las manifestaciones y bloqueos resurgirán para derogar la reforma y se someterá a los partidos a un desgaste mayor frente a los disidentes magisteriales. Nueva oportunidad de violencia en las calles.

Twitter:@LCUgalde

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