Opinión

Trato discriminatorio en impuestos a las franquicias

La exclusión que la reforma fiscal realizó de las franquicias como beneficiarias del nuevo régimen de incorporación fiscal, plantea una restricción que podría derivar en un alentamiento del sector, con graves afectaciones a los nuevos emprendedores que recurren a estos modelos como alternativa de acceso al mercado.

Este nuevo régimen de incorporación sustituye al llamado régimen de REPECOS, y al igual que aquel, tiene por función preponderante facilitar la transferencia a la formalidad de aquellos que han operado al margen, o bien, facilitar el acceso a aquellos que hacen su primera incursión como empresarios independientes.

Algunas de las ventajas del régimen de incorporación fiscal, es el de liberar a las personas físicas de la obligación de llevar una pesada contabilidad que gravite sobre sus finanzas para calcular sus pagos de impuestos, además de ofrecerles un descuento progresivo en el pago del impuesto, del primer al décimo año de operación, que va desde el 100 por ciento inicial hasta un 10 por ciento final. Para calificar a los beneficios del régimen se debe partir de la estimación de que las operaciones realizadas al amparo del mismo no superen anualmente los 2 millones de pesos.

Lo que pudo haber alimentado la decisión de excluir a los franquiciatarios de estos beneficios, es la suposición de que las franquicias cuentan con una estructura operativa que permite realizar el pago de impuestos en forma esquematizada, por lo que las ventajas de la simplificación no les resultan necesarias; además, la leyenda urbana de que, por ser parte de una red, el desempeño será de alto rendimiento no requiriendo, por tanto, de los descuentos ofrecidos a homólogos de giro que operan de manera independiente.

Por donde se le mire, este tratamiento supone una discriminación injustificada que causará una deserción notable de los sistemas de franquicias. Un nuevo emprendedor, enfrentado a la decisión de incorporarse al sistema de franquicias u operar por su cuenta, seguramente optará por lo segundo, simplemente, por la exención impositiva que habilita este supuesto. Esta política pública con forma de ley, plantea entonces un contrasentido a lo que se habría venido fomentando en los últimos dos sexenios, e incluso en éste, en el sentido de promover la expansión de los modelos franquiciables como una forma de acercamiento e introducción profesionalizada a nuevos emprendedores. Este mecanismo es virtuoso, por cuanto permite fortalecer marcas mexicanas al tiempo que se facilita la formalización del mercado y la capacitación práctica de nuevos empresarios. Además, la experiencia indica que para evadir el régimen de exclusión, muchos modelos que tienen la vocación de franquicia, seguramente optarán por otros formatos que trasladarán inseguridad jurídica a las partes.

El asunto no es menor. Más del 50 por ciento de puntos de venta de franquicias en el país serían afectados, al tratarse de establecimientos que logran cifras menores a los 2 millones por año. Como suele suceder con estos temas, es momento de volver sobre los pasos y enmendar lo que con claridad se aprecia como un grave error de cálculo.

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