Opinión

Trascendental decisión
de la Corte en Ley 3 de 3

 
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Poco atendida en los medios, la resolución dictada recientemente por la Corte en la controversia relacionada al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene un significado notable en el esquema general del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Como se sabe, esta pieza de legislación es la que plasma en su contenido la mayor parte de los postulados de la llamada ley 3 de 3, que fue resultado de un amplio movimiento de respaldo ciudadano.

La controversia fue planteada de inicio por un grupo de diputados de Jalisco que escalaron el cuestionamiento de la validez de una de las principales disposiciones de la ley, que permite que sea el Comité de Participación Ciudadana el que proponga los formatos para que los
funcionarios formulen sus declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés.

El argumento central de la controversia cuestionaba como inconstitucional el que un grupo de ciudadanos pueda imponer parámetros normativos invadiendo una facultad que está reservada al Congreso.

La primera nota destacable de la decisión de la Corte está contenida en la reflexión del ministro Arturo Saldívar, en el sentido de la necesidad de validar la participación de la ciudadanía en la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que de lo contrario se reduciría al papel de mero espectador.

Esta afirmación desborda la visión formalista que tradicionalmente coartaba cualquier intento de la Corte por vincularse con lo social, abriendo espacios para que los ministros puedan convertir la interpretación de la ley en una tarea más cercana a la realidad de las personas que son destinatarias de sus pronunciamientos.

El asunto involucra, además, la álgida y compleja discusión sobre la línea divisoria entre el acceso a la información y los datos personales, pasados aquí por el filtro de la administración pública; al interés de las ciudadanos por conocer aspectos patrimoniales, fiscales y de intereses que garanticen un ejercicio transparente y legal de los puestos públicos, se opone el derecho que a toda persona corresponde de mantener bajo reserva aspectos privados que también la

Constitución reconoce y tutela
La solución que la determinación de la Corte construye es encomiable, al dar mayor peso al principio de máxima publicidad y transparencia en el ejercicio de servidores públicos, pero sin desconocer que ciertos datos personales podrán tratarse de manera reservada. Por lo pronto,
pasar de la publicidad discrecional de las declaraciones de funcionarios a su acceso público es un avance notable que da vida y vigencia real al nuevo marco anticorrupción en el país.

El efecto que me parece más rescatable es que este esfuerzo ciudadano por construir un modelo confiable de evaluación y contención anticorrupción, pensado desde lo institucional y “políticamente correcto” en sus formas y concepciones, da una pauta novedosa que deberá
inspirar otras iniciativas.

La siguiente y más urgente, dotar de autonomía al fiscal anticorrupción, que es una de las piezas claves para la operatividad del mecanismo.

Correo: mjalife@jcip.mx

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