Opinión

Transparencia: los cambios indefendibles

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[Cuartoscuro] IFAI intensificará capacitación en materia de transparencia.

El derecho de acceso a la información ha sido quizás el avance democrático más importante que México ha experimentado desde el 2000. El riesgo de que por medio de una solicitud de acceso a la información los ciudadanos pongan en evidencia la corrupción –o la simple incompetencia– del gobierno, es uno de los incentivos más poderosos con que cuenta la ciudadanía para limitar los abusos en el ejercicio del poder. Lo anterior, a pesar de enormes resistencias y de una cultura de la opacidad fuertemente arraigada (en la tradición “patrimonialista” de nuestro país los funcionarios tienden a ver los recursos de los organismos públicos, incluyendo la información, como activos para su uso personal).

Sin embargo, el avance es todavía parcial. Desde un inicio se abusó de las reservas previstas en la propia ley –como la difusión de información que pudiera dañar la seguridad nacional o la estabilidad económica del país– para no transparentar información que no supone un perjuicio potencial al interés público, pero que es políticamente sensible (por ejemplo, documentos relacionados con el sistema de justicia militar o con el “perdón fiscal”). Asimismo, con el paso de los años y las resoluciones del Ifai, surgieron una serie de mañas y simulaciones que gradualmente han socavado los alcances del derecho de acceso. Por ejemplo, los funcionarios han encontrado que declarar la información como “inexistente” es uno de los mecanismos más eficaces para darle vuelta a la ley.

En este contexto, a fines de 2014 el Senado de la República, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, desarrolló una iniciativa de Ley General de Transparencia, la cual ampliaba de forma sustancial el derecho de acceso a la información. Con esta iniciativa también se buscaba cerrar algunos huecos regulatorios que hoy permiten a los funcionarios ocultar información pública. Sin embargo, el Ejecutivo federal turnó después al Senado una propuesta con varias modificaciones que generaron enorme preocupación entre los promotores del texto original (en una carta abierta firmada por la Alianza para el Gobierno Abierto se identificaban 19 “aspectos preocupantes”). A continuación describo cuatro modificaciones que resultan francamente indefendibles:

Primera. En la iniciativa original se contemplaba la obligación de publicar el listado de personas que se han beneficiado por el “perdón fiscal”, junto con los montos correspondientes. Por años, esta figura ha permitido que se favorezca de forma discrecional a grupos presumiblemente cercanos al gobierno, a un altísimo costo para el erario. En 2013, por ejemplo, se perdonaron más de 20 mil millones a bancos y más de 18 mil millones a medios de comunicación; los mexicanos ni siquiera podemos conocer los nombres de los beneficiarios de tan magnánimo trato. Sin embargo, entre las modificaciones a la iniciativa se eliminó la obligación de transparencia específica de publicar la información relativa a las exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria.

Segunda. En la iniciativa original se establecía que para reservar información los funcionarios deben señalar la “prueba de daño” (es decir, justificar que la divulgación de la información representaría un riesgo demostrable de perjuicio al interés público; y que dicho riesgo supera el interés público general de que se difunda la información). Es decir, se buscaba que, antes de negar la información, el gobierno por lo menos se molestara en justificar sus razones. Esta obligación también se eliminó de la iniciativa.

Tercera. Un avance central de la iniciativa original –que de igual forma se elimina en la versión turnada por el Ejecutivo– es que se contemplaba la obligación por parte del gobierno de documentar todo acto que se derive del ejercicio de todas sus facultades legales (o en su defecto, señalar el motivo por el cuál no ejerció alguna función). De esta forma se buscaba cerrar la salida fácil de alegar la “inexistencia” de la información.
Cuarta. Se limitó la protección que la iniciativa original buscaba brindar a los funcionarios que divulgaran información reservada, pero que generara un beneficio social importante, incluyendo aquella que contribuyera a revelar casos graves de corrupción. Esta protección podría ser una herramienta central para debilitar las estructuras de contubernio que actualmente solapan la corrupción (por regla general varias personas saben de los malos manejos en el gobierno, pero actualmente muy pocos se atreven a filtrar la información que permitiría sancionar dichos actos).

Más allá de estos cuatro puntos, algunas de las modificaciones probablemente tengan una justificación. Sin embargo, las modificaciones turnadas por el Ejecutivo, en su conjunto, son tan regresivas y tan poco sutiles que hacen dudar respecto a su verdadero objetivo. Sospecho que esta modificación tan audaz del texto original es una estrategia que permitirá aparentar apertura y al mismo tiempo mantener un control discrecional sobre la difusión de información políticamente sensible. Muy probablemente se reincorporen a la iniciativa los temas más controvertidos, como los cuatro que mencioné. Sin embargo, corremos el riesgo de que entre tantos “aspectos preocupantes” algún otro asunto genuinamente fundamental para la consolidación del derecho de acceso a la información sea desechado y tal acción pase desapercibida.

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